La rebaja de los abonos transportes al 50% sufragada por el Gobierno central entra este jueves en vigor junto a la gratuidad del Cercanías, medidas adoptadas ante la crisis energética provocada por la Guerra de Ucrania que se prolongarán cuatro meses.
Esta subvención en la región supone un gasto cercano a los 120 millones de euros que ha adelantado la Comunidad de Madrid y las entidades adscritas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
En un inicio el Ejecutivo central marcó una rebaja del 30%, que era ampliable al 50% dependiendo de los Gobiernos autonómicos. Uno de los que ha decidido subvencionar la mitad del coste es Madrid, que ha destinado los fondos que paga mensualmente al Estado por Cercanías a ampliarlo.
Así, desde este jueves el abono de la corona A pasará a costar 27,30 euros frente a la tarifa de 54,60 euros al mes sin estas bonificaciones.
Los abonos ordinarios oscilarán así desde los 27,30 euros de la zona A hasta los 41 euros de la zona B3 – C1/C2 sobre las títulos de transporte público de 30 días actualmente en vigor.
Los abonos en la zona B1 pasarán de los 63,7 euros a los 31,8 euros al mes a partir de septiembre; los abonos de la zona B2 pasarán de los 72 euros al mes actuales a los 36 euros al mes desde septiembre; y en la zona B3 – C1/C2 pasarán de los 82 euros a los 41 euros mensuales, con la reducción del 50% sobre la tarifa actual.
Finalmente, el abono joven pasará de los 20 a los 10 euros y el de la tercera edad se situará en los 1,60 euros, según la actual tabla de precios en vigor fijada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Esta medida suscitó desde su anuncio críticas de la Comunidad de Madrid que lo ha tachado en reiteradas ocasiones de «electoralista» e «improvisada».
Asimismo, han augurado que la gratuidad de Cercanías podrá tener consecuencias económicas en otros medios de transporte como los autobuses y un impacto en las cuentas del Ejecutivo regional.
De hecho prevén que la red ferroviaria no sea capaz de hacer frente al aumento de demanda que creen que se va a producir, que implicará, a su vez un trasvase de usuarios del resto de medios.
Por ello desde el CRTM monitorizarán el comportamiento de los usuarios para poder ajustar las frecuencias de Metro, ya sea aumentando el número de trenes de crecer la demanda como reduciéndolo en caso de que los usuarios opten por otras alternativas de movilidad.
De hecho, esta financiación ha sido uno de los principales reproches por parte del Ejecutivo regional que ha sacado pecho a lo largo de agosto de que ellos en su sistema tarifario ya «subvencionan el 80% del coste» real de los abonos y que la aportación actual del Gobierno nacional es marginal respecto a la de los madrileños.
En este contexto, el titular de Transportes, David Pérez, ha reprochado reiteradamente lo que él entiende como una «infrafinanciación» en infraestructuras por parte del Estado en Madrid.
Se ha remontado a 2018 para reivindicar el Plan de Cercanías de 5.000 millones de euros que dejara planteado el ministro de Fomento Íñigo de la Serna, que decayó junto al Gobierno de Mariano Rajoy tras la moción de censura que devolvió al PSOE a La Moncloa.
Además, ha censurado también la falta de actualización de la aportación estatal al CRTM, congelada desde hace años, mientras en otras autonomías, como Cataluña, se ha visto multiplicada, según el consejero.
