Una de las medidas más polémicas del Gobierno era la idea de cobrar por utilizar las autovías para invertir lo recaudado en su mantenimiento. Esta propuesta ya estaba en la mesa del Ministerio de Fomento desde los tiempo de José Luis Ábalos. Sin embargo, la actual ministra ha rechazado que vaya a implantarse en un corto plazo.
El Gobierno ha descartado por ahora iniciar con el sector del transporte el debate para diseñar un nuevo sistema de peajes en todas las autovías, puesto que dará prioridad a atender la situación económica y a los sectores más dañados por la pandemia, si bien ha vuelto a confirmar que se aplicará esta medida, tal y como se comprometió con Bruselas.
Así lo ha señalado Raquel Sánchez durante su intervención en el XIII Encuentro del sector de Infraestructuras, el Transportes y la Movilidad Sostenible, organizado por Deloitte y ABC, donde ha defendido que esta medida se planteará en el momento más propicio, que todavía no ha llegado.
«En este entorno y contexto hay que atender a la situación económica y a los sectores más afectados, siendo el del transporte uno de ellos. Lo plantearemos en el momento más propicio y siempre con consenso, pero ahora no se dan las bases para facilitar ese contexto, por lo que a corto plazo difícilmente podremos contemplarlo«, ha señalado.
No obstante, ha vuelto a recordar que la implementación de peajes se recoge en el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, por lo que el Gobierno ya se ha comprometido a aplicarlo y ya se encuentra realizando un estudio inicial para diseñarlo, con el fin último de mantener en condiciones óptimas la red viaria y contribuir a la descarbonización de la economía.
La ministra también ha avanzado que la electrificación de la economía y la conectividad concentrará el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de España para el año 2030, un objetivo para cuya consecución el Gobierno ya ha desplegado una estrategia nacional que culminará con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.
Sánchez ha prometido al sector de la construcción inversiones «previsibles y sostenibles» a lo largo del tiempo y, en este sentido, ha instado a los ejecutivos de las constructoras presentes en el acto a que se pronuncien sobre qué les parece que la inversión pública fuese reducida a niveles «testimoniales» durante el anterior Gobierno del PP, en plena crisis financiera, lo que redujo las licitaciones y con ello las posibilidades de la compañía de ejecutar proyectos.
Frente a ello, la ministra ha defendido que en el peor año de la pandemia, en 2020, la ejecución presupuestaria fue un 8% superior a la de 2019 pese a los sucesivos confinamientos y restricciones a la movilidad, alcanzando así la mayor cifra de ejecución presupuestaria desde 2011.
