Unidas Podemos ha reclamado al Ministerio de Interior explicaciones ante su decisión de «acelerar» la expulsión del país de Mohamed Benhalima, un argelino que denuncia persecución en su país por denunciar corrupción en el estamento militar, cuando hay riesgo a su juicio de que sea «detenido y torturado» en su país de origen.
También solicita información al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para constatar las denuncias que recoge el artículo tercero del convenio europeo de derechos humanos, cuyo articulado recoge que «nadie podrá ser sometido a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes».
Así lo traslada el diputado de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Ismael Cortés, en una serie de preguntas parlamentarias sobre la decisión de Interior de proceder a la devolución a Argelia de Benhalima, tras denegar en dos ocasiones darle protección internacional en España en un expediente que inició formalmente en febrero de 2020.
En la argumentación de su iniciativa, Cortés recuerda que Benhalima huyó de su país en 2019 al conocer que su nombre figuraba en una lista de militares buscados y, un año después, fue condenado a diez años de prisión por sus «denuncias públicas sobre la corrupción de alto cargos militares del ejército argelino y su participación en el movimiento popular de protesta Hirak».
A su vez, el diputado recalca que esta persona ingresó en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia, después de que le fuera denegada su solicitud de asilo y tras incoarse un expediente sancionador por estancia irregular en España.
Dicha expulsión, según su relato, se oficializó el pasado 24 de marzo y se justificó la denegación de asilo bajo el argumento de que implicaba «un riesgo para la seguridad nacional, basado en supuestos vínculos con el islamismo radical dada su conexión con otro argelino que había sido previamente expulsado».
Una motivación que recoge el artículo 33.2 de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951, que ampara el asilo a aquellos solicitantes que sean considerados una amenaza para el país receptor.
Sin embargo, Cortés ha disertado que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha emitido un informe favorable sobre el caso de Benhalima, al entender que el contenido de dicho artículo no interfiere con las obligaciones del país de acogida.
«Es decir, al Estado de acogida –España en este caso– le estaría prohibido devolver a un refugiado si tuviera como resultado su exposición a un riesgo real de ser torturado o sufrir cualquier daño irreparable», alerta el diputado a Interior sobre la vuelta de esta persona a Argelia.
