El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal supervisará la investigación que realiza la Fiscalía Europea sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas en plena pandemia y que está vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía Europea investiga de hecho la posible malversación que se hubiera podido producir, dado que las mascarillas fueran compradas con fondos europeos. Según se ha podido confirmar, la Audiencia Nacional ha designado a Abascal para que vigile que los derechos fundamentales de cualquier persona implicada en este procedimiento no se vean afectados.
El asunto ha recalado en el Juzgado de Instrucción número 1 por turno de reparto, y será quien haga las veces de juez de garantías, dado que en la Fiscalía Europea, los fiscales son los que llevan la instrucción de las causas, a diferencia del modelo español que cuenta con jueces de instrucción.
Las fuentes consultadas explican que el asunto se ha hecho público después de que viera la luz el decreto de la fiscal general del Estado resolviendo el conflicto competencial entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea.
El juez de garantías, que paradojicamente es juez instructor en la Audiencia Nacional, intervendrá solo cuando haya derechos fundamentales en juego como ocurre con detenciones, intervenciones telefónicas o por ejemplo entradas y registros. También tendrá poder de decisión cuando las partes recurran a él o cuando se recurran decisiones de los fiscales instructores.
LA JUNTA DE FISCALES
Este movimiento en la Audiencia Nacional se produce después de que el lunes la Junta de Fiscales de Sala respaldara por unanimidad la decisión de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, de que sea la Fiscalía Anticorrupción quien continúe haciéndose cargo de las diligencias de investigación.
La decisión llegaba después de que la Fiscalía Europea (FE) quisiera quedarse con esta causa en su totalidad porque estudiaba ya una posible malversación debido a que ese contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas en plena pandemia se pagó con fondos europeos.
En la Junta, la FGE defendió que si bien la parte de la presunta malversación, el fraude a la Hacienda Europea y el cohecho la investigará la FE, los delitos conexos que tienen que ver «con el buen funcionamiento de las administraciones públicas españolas» debe quedarse en Anticorrupción.
Respaldaba así la propuesta de Luzón, quien en declaraciones a los medios al término de la Junta ha señalado que las diligencias preprocesales de investigación se quedan en su departamento.
