La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha aprobado este martes una orden ministerial por la crea un grupo formado por asesores de diferentes ministerios y expertos para la elaboración de la ley integral contra la trata de seres humanos. Pone fecha para el fin de los trabajos el 30 de mayo de este año.
Según una nota de prensa del ministerio, Llop da así un paso más «para que la ley sea cuanto antes una realidad». En la orden se apunta que la dignidad de las personas es un derecho reconocido en la Constitución Española y la trata de seres humanos es un delito amparado en el Código Penal.
Añade que por ello, con el objetivo de profundizar en la protección de este bien jurídico, se pone en marcha este proyecto normativo con rango de ley para la trata de seres humanos desde un punto de vista integral e independiente.
La Sección especial creada estará constituida por miembros de las diferentes Secciones de la Comisión General de Codificación, órgano de asesoramiento del Ministerio de Justicia, titulares de las áreas de ministerios implicados (Interior, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Igualdad, Trabajo y Economía Social, Derechos Sociales y Agenda 2030, Hacienda y Función Pública), así como por otros especialistas en la materia.
EL ALCANCE DE LA LEY
El departamento de Llop indica que el objetivo de la norma es tener un alcance general que permita identificar, atender y reinsertar a las víctimas de toda clase de trata, con independencia de las medidas concretas que se adopten para hacer frente a la trata con fines de explotación sexual, que es la trata más frecuente y además tiene un claro componente de género, según recoge la orden ministerial.
Así, la ley incorporará una perspectiva de derechos humanos y de género que tenga en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores. Además, tendrá un enfoque inclusivo, que permita la participación en la planificación y en la toma de decisiones de todos los sectores de la sociedad y los poderes implicados, dando prioridad a los derechos humanos de las víctimas, y respetando la voluntad, la participación, la confidencialidad, la integridad, la no criminalización, la no revictimización y la gratuidad de las medidas de apoyo y asistenciales.
El proceso se orientará hacia la detección e identificación, atención, protección y reintegración social de las víctimas, por lo que se trabajará en tres ámbitos de actuación: la prevención, la protección y la persecución.
La orden contempla la entrega de la propuesta y el informe de la Sección especial de la Comisión General de Codificación antes del 30 de mayo de 2022.
