La presunta trama que estafó más de 6 millones de euros a futbolistas y jugadores de Baloncesto extranjeros robó datos fiscales desde dentro de la propia Agencia Tributaria, según los agentes de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía de Delitos Económicos encargados de las pesquisas.
La Audiencia Provincial de Madrid ha retomado esta mañana el juicio contra cuatro acusados, tres abogados y una alta funcionaria de Hacienda, acusados de apropiarse de 6,3 millones de euros de deportistas de élite en concepto de devoluciones del IRPF no solicitadas y de las que los jugadores desconocían su derecho a reclamarlas.
La Sala ha escuchado el testimonio de uno de los futbolistas estafados, el argentino Javier Hernán Malagueño. Este exjugador del Málaga Club de Fútbol ha manifestado que no dio a ninguno de los acusados ningún encargó ni representación para gestionar su patrimonio, indicando que no tenía conocimiento de que se le tenía que devolver ese dinero cuando se marchó de España.
«Soy perjudicado porque han usado mis datos de forma indebida y no pude reclamar ese dinero. Mis asesores intentaron ponerse en contacto con Asesores Deportivos Lapver SL –sociedad que recibía las devoluciones– y fue imposible», ha recalcado. A este futbolista le habrían estafado presuntamente unos 440.000 euros.
También ha comparecido un responsable de Administración del Real Madrid, quien ha relatado que desde el club merengue se solicitaron varias devoluciones, en contra de lo manifestado por los acusados que sostienen que nadie les reclamó el dinero.
Uno de los abogados acusados afirmó que Ernesto Bronzetti (representante de futbolistas fallecido en 2016) le pidió que administrara el patrimonio de varios jugadores y que a raíz de su muerte, intentó sin éxito ponerse en contacto con los clubes para informar acerca del dinero recibido por las devoluciones no solicitadas.
El testigo ha señalado que la Agencia Tributaria les manifestó entonces que no tenían derecho a recibir dicho montante al no aportar el certificado fiscal, apuntando que fue la inspectora de Hacienda juzgada la que les denegó la solicitud.
En su declaración, el jefe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía ha explicado que se les encargó hacer un cotejo con los datos de Hacienda y solicitar a trece clubs las certificaciones de retenciones de 24 jugadores, de las que 22 sí fueron realizadas.
«Muchos de esos certificados no correspondían con la fecha de presentación», ha manifestado el encargado de las pesquisas, quien ha expuesto que se comprobó que en las cuentas bancarias sospechosas hubo movimientos bancarios irregulares de unos cuatro millones y medio de euros.
A preguntas del fiscal, ha ratificado que los certificados de retenciones que constaban en Hacienda no se ajustaban a la realidad, ya que había cantidades que no correspondía y había firmas que no pertenecían a los sujetos pasivos supuestamente solicitantes.
De ahí, que se dedujera que había datos obtenidos de forma irregular de la base de datos de la propia Agencia Tributaria. «Alguien accedió desde dentro y se hicieron copias adaptadas de otros expedientes», ha reseñado.
De igual modo, otro de los policías ha confirmado que las sociedades en las que se ingresaba el dinero no tenían grandes saldos cuando comenzó a actuar la trama, pasando a tener millones. Además, había transferencias bancarias entre los propios acusados.
JUZGADORES AFECTADOS
Entre los perjudicados figuran los exmadridistas Sahin y Altintop, y el exatlético Salvio. El futbolista argentino Javier Hernán Malagueño y el exfutbolista y segundo entrenador del Estambul Basaksehir FK Achile Pierre Webo ejercen como acusación particular.
Los encausados se enfrentan a 9 años de cárcel acusados de obtener un beneficio patrimonial «indebido» mediante transferencias de la Agencia Tributaria a sus cuentas particulares por las que se apropiaron de 6,3 euros fruto de devoluciones no solicitadas en su mayoría por futbolistas, que eran quienes legítimamente podrían haberlas reclamado.
El fiscal les imputa cuatros delitos continuados: de estafa, de falsedad en documento público oficial y mercantil, de aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público y de utilización por funcionario, por razón de su cargo, de información privilegiada.
Según el fiscal, entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016 J. L. V., M. V. J., J. I. T. S y L. S. P. utilizaron dos sociedades (Asesores Deportivos Lapver SL y Star Athletes Society SL) para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, a la que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores sin que los deportistas tuvieran conocimiento de dichas reclamaciones.
En concreto, solicitaban la devolución correspondiente a la diferencia existente entre las retenciones del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) soportadas por los jugadores, en su condición de sujetos pasivos, en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes, es decir, por el Impuesto sobre las Rentas de No Residentes (IRNR).
DEVOLUCIONES NO SOLICITADAS POR FUTBOLISTAS
Según el fiscal, los acusados presentaban la documentación ante la Agencia Tributaria en la que además de solicitar la devolución, adjuntaban junto con la autoliquidación, certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de la representación legal del contribuyente para recibir la devolución.
La Agencia Tributaria procedió a comprobar las solicitudes de los deportistas profesionales que habían reclamado este tipo de devoluciones. En total hallaron 102 casos, de los que 38 fueron presentados «con su aparente firma manuscrita» durante los meses en que los acusados fueron investigados y donde se solicitaba el ingreso de la devolución en las citadas cuentas bancarias.
En esos 38 casos los acusados obtuvieron gracias cantidades abonadas en concepto de devoluciones un total de 6.138.798 euros que fueron ingresados en varias cuentas corrientes.
Los acusados aprovecharon que los deportistas habían abandonado la disciplina de los equipos españoles donde habían militado para trasladarse a distintos países, «circunstancia que les facilitó lograr sus propósitos al resultar muy difícil la localización del jugador».
