Los negociadores del Parlamento Europeo y los Veintisiete lograron la pasada madrugada un acuerdo sobre la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en ingles) con la que quieren poner coto a las prácticas abusivas de grandes plataformas digitales que hacen valer su peso para limitar la competencia de otras firmas más pequeñas.
La nueva norma se aplicará a las tecnológicas que operen en el mercado europeo y cuenten con una capitalización bursátil de al menos 75.000 millones de euros o un volumen de negocio anual de 7,5 millones, tengan un tráfico de al menos 45.000 millones de usuarios activos al mes y presten «servicio básico» como plataforma.
«Queremos mercados justos también para el sector digital», ha defendido la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, para explicar la necesidad de reglas frente a «grandes plataforma que actúan como controladoras de acceso e impiden a las empresas y consumidores sacar partido de mercados digitales competitivos».
En virtud de las nuevas reglas, estos controladores o ‘gatekeepers’, como Google, Meta (Facebook), Amazon, Microsoft o Apple, deberán asumir una serie de «obligaciones y prohibiciones» para garantizar la competencia justa.
Deberán ser interoperables con las plataformas de mensajería más pequeñas si éstas lo solicitan, de manera que puedan intercambiar mensajes, enviar ficheros o realizar videollamadas con todas las aplicaciones para asegurar una oferta más amplia.
En cuanto a las obligaciones de interoperabilidad de las redes sociales, los Veintisiete y la Eurocámara han convenido dejarlo pendiente de una nueva evaluación más adelante.
La nueva ley europea, que necesita aún el vito bueno formal del Parlamento Europeo y de los Veintisiete y entrará en vigor seis meses después de su publicación, prevé también que la Comisión Europea pueda imponer sanciones de hasta el 10% del volumen de negocio mundial de la compañía incumplidora en el ejercicio anterior. La multa podrá subir hasta el 20% en caso de reincidencia.
En caso de infracción sistemática el Ejecutivo comunitario podrá también impedir a la plataforma infractora comprar otras empresas durante un periodo determinado.
Entre las nuevas obligaciones para las grandes plataformas figura garantizar el derecho de los usuarios a darse de baja de los servicios de la plataforma básica en condiciones similares a la suscripción, no imponer este software por defecto al instalar el sistema operativo, garantizar la interoperabilidad de las funcionalidades básicas de sus servicios de mensajería instantánea y permitir que los desarrolladores de aplicaciones accedan a funciones auxiliares de teléfonos inteligentes en condiciones justas.
También deberán dar a los vendedores acceso a sus datos de rendimiento de marketing o publicidad en la plataforma e informar a la Comisión Europea de las adquisiciones y fusiones que lleven a cabo.
Por el contrario, no podrán colocar de manera más favorable sus propios productos o servicios que los de otros actores del mercado (autopreferencia), ni reutilizar los datos personales recopilados durante un servicio para las necesidades de otro servicio, ni requerir que los desarrolladores de aplicaciones utilicen ciertos servicios (sistema de pago o proveedor de identidad, por ejemplo) para ser referenciados en las tiendas de aplicaciones.
