El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, concreta la propuesta la ayuda de 300 euros para ayudar al pago de la luz y el gas, al circunscribir como beneficiarios de esta ayuda a familias con ingresos no superiores a 70.000 euros brutos anuales.
También propugna que su despliegue se aplique hasta el 31 de diciembre del presente año, financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado aunque la gestión y el abono del mismo correría a cargo de las comunidades autónomas
A las puertas del Consejo de Europa, que abordará medidas a la crisis socioeconómica por la crisis de Ucrania, la formación mantiene su apuesta por incluir esta medida de cara al futuro plan nacional, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el día 29.
Según explican fuentes del Ministerio, el planteamiento es desplegarla en base a la renta de la unidad de convivencia, que se considera a estos efectos la compuesta por la persona titular de los contratos de suministros de la vivienda habitual, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda.
A estos efectos apartado también se incluyen a personas vinculadas por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
Esta es una de las principales medidas del nuevo escudo social que propugna Derechos Sociales para paliar los efectos socioeconómicos, consistente en un pago único de 300 euros destinados a todos los usos energéticos que tenga la familia.
COMPATIBLE CON OTRAS AYUDAS Y GESTIONADO POR LAS CCAA
Por otro lado, el departamento de Belarra diseña su despliegue desde las autonomías, que serían las encargadas de su gestión y del pago único de esta ayuda, así como de supervisar el cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes a esta ayuda.
A su vez, las comunidades remitirían trimestralmente un informe a la Administración estatal sobre el funcionamiento y despliegue del mencionado cheque.
Derechos Sociales especifica que esta ayuda es compatible con la percepción de otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera de las administraciones o entes públicos o privados.
La titular de Derechos Sociales ya remitió a Moncloa y al resto de ministerios información adicional sobre la propuesta, que ya avanzó durante su reciente intervención en el Consejo Ciudadano estatal de la formación morada. En ese momento, la propia Belarra habló de que tendría un coste de 5.700 millones de euros.
Unidas Podemos precisamente ha planteado hoy al Ejecutivo, durante una reunión con presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la necesidad de desplegar medidas «rápidas», «eficaces» y «valientes» para atajar esta crisis, cuya respuesta debe ser netamente «social».
OTRAS PROPUESTAS DE PODEMOS
El espacio confederal propone una serie de medidas para atajar el precio de la luz como acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, aplicar un recargo del 10% sobre el impuestos de Sociedades para estas compañías, ampliar el bono social eléctrico, desacoplar el precio del gas del resto del mercado y topar el precio de la luz a 75 euros el megavatio hora.
También plantean a su vez un nuevo escudo social que articule la congelación de los precios del alquiler para este año y mejorar un 18% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital.
Hoy mismo ha reclamado fijar el precio máximo del gasóleo para el transporte en 1,50 euros el litro y ayudas de 3.000 euros por vehículo para afrontar la crisis en el sector del transporte de mercancías por carretera, movilizado en estos momentos en un paro sectorial, cuyo coste estimado sería de 1.200 millones y para lo cual ve conveniente aplicar una reforma fiscal que grave más a las grandes empresas y rentas.
Desde el espacio confederal ven necesario que la negociación llegue a buen puerto y permita aplicar medidas de ayuda a los sectores que más padecen los efectos de esta crisis, con los que es obligado ser empáticos. Y es que el malestar expresado por varios colectivos afectados por el alza de los precios requiere una gestión acertada y englobe a todas las personas que padecen dificultades.
