La Audiencia Provincial de Zaragoza deberá decidir si mantiene el archivo o si devuelve la condición de investigado a Camilo Villarino –quien fuera jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores durante la gestión de Arancha González Laya– en el marco del procedimiento en el que se investiga la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin pasar por controles de frontera o de documentación.
Los magistrados estudiarán el recurso de apelación de una de las acusaciones del denominado ‘caso Ghali’ que, en un escrito de 17 folios, ha mostrado su oposición a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza de acordar el sobreseimiento provisional de la investigación para Villarino.
La acusación ha asegurado que la resolución del juez Rafael Lasala fue «precipitada» y «contraria a derecho» porque, a su juicio, «vulnera el derecho constitucional básico a la tutela judicial efectiva».
Según ha indicado, existen «numerosos indicios» de que se ha cometido el delito de prevaricación y el de encubrimiento, por lo que considera que «no es posible dictar una resolución de sobreseimiento anticipada privando a las acusaciones de debatir en el plenario la culpabilidad o inocencia de los investigados».
«NUMEROSOS INDICIOS»
Esta acusación ha defendido en su escrito que la entrada de Ghali en España fue «ilegal» y ha subrayado que González Laya y Villarino, al permitir la entrada del líder del Polisario, vulneraron «todos y cada uno de los preceptos de obligado cumplimiento del reglamento Schengen». Así las cosas, ha asegurado que el que fuera mano derecha de la ministra debe permanecer como investigado en la causa.
La acusación ha recordado que Ghali aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza –sin atravesar controles ni facilitar documentación– la madrugada del 18 de abril de 2021 en un avión medicalizado procedente de Argelia para luego ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde se registró con un pasaporte bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.
El juez aceptó el argumento de la Fiscalía de que Villarino no cometió un delito de prevaricación al permitir la entrada del político saharaui sin identificación porque el reglamento Schengen establece que «los documentos de los nacionales de terceros países se sellarán a la entrada y salida, salvo los documentos de viaje de Jefes de Estado o personalidades cuya llegada haya sido previamente anunciada de manera oficial por vía diplomática».
La acusación ha incidido en que Ghali no puede ser considerado como un «jefe de Estado» y ha subrayado que la entrada del líder del Polisario fue «discreta» para evitar una crisis diplomática con terceros países, en referencia a Marruecos.
Respecto al delito de encubrimiento, por su parte, ha defendido que tanto González Laya como Villarino sabían que había diligencias penales abiertas en España contra el político saharaui.
Para la acusación resulta «absolutamente increíble» que Ghali «haya entrado en España sin exhibir documentos de viaje, se haya alojado en un hospital público -sin pagar un céntimo– casi 15 días, con un pasaporte falso, haya declarado ante el magistrado juez Pedraz sin exhibir identificación alguna y se haya marchado por Andoaín en avión como vino, sin tampoco identificarse, y que de ello no se hayan enterado» los servicios secretos.
«EL PRESTIGIO DE LA JUSTICIA»
«¿Se pretende que la Ilustrísima Audiencia Provincial de Zaragoza siente jurisprudencia menor, despenalizando una conducta que puede servir de base para que pasen por nuestras fronteras traficantes, contrabandistas y otros?», ha señalado.
En este sentido, ha vuelto a preguntar si la Justicia va a permitir que «los más altos cargos del Gobierno consumen un plan delictivo destinado a introducir clandestinamente» a Ghali «utilizando» a los más altos cargos de las Fuerzas Armadas «de una forma tan grosera y torpe, que terminó siendo conocido por el mundo entero, provocando la invasión y ocupación de Ceuta por miles de personas».
Así, la acusación ha insistido en que «se está poniendo a prueba el prestigio de la Justicia española» y ha subrayado que no puede permitirse que Ghali siga «exhibiendo su escudo de impunidad por el simple hecho de que en caso contrario nos quedamos sin gas».
