Los grupos parlamentarios han reprochado al Gobierno que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) «no está llegando» a todas las personas que lo necesitan tras dos años de implementación, mientras el PSOE y Unidas Podemos han defendido el despliegue de la prestación que llega a casi 400.000 hogares y cerca de un millón de personas.
Así se ha puesto de manifiesto este martes durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en la que se ha debatido la moción consecuencia de interpelación presentada por Coalición Canaria sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para mejorar la gestión del IMV para que llegue a todas las personas que lo necesitan.
La diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas ha indicado que con su moción lo que pretenden es que el IMV llegue a más personas a través de medidas como que la gestión telemática de esta prestación sea «una alternativa pero no una imposición» o que a cada persona que se denegó la ayuda se le envíe una carta explicando que la situación ha cambiado y ahora sí le corresponde.
«No hay un lobby de la gente que tiene el IMV. Lo único de lo que se trata de que a esos dos millones de personas que preveía el Gobierno, les llegue un derecho que tienen por ley», ha subrayado Oramas.
En la defensa de las enmiendas, que no han sido aceptadas por Coalición Canaria, la diputada del PP María Teresa Angulo ha opinado que el IMV es «un ejemplo de la mala gestión» del Gobierno, «un fracaso» porque «solo» ha llegado a «un tercio» de los 2,3 millones de españoles «prometidos» por el Ministerio de Inclusión.
Además, ha acusado al Ejecutivo de «frivolidad» al utilizar el «eslogan ‘no dejar a nadie atrás'» y le ha advertido de que «ninguna docuserie va a solucionar la situación de pobreza de los españoles».
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha reprochado al Gobierno su «hermetismo» a la hora de adaptarse a las diferentes situaciones de los posibles beneficiarios del IMV y ha calificado de «incompresibles» situaciones como que esta ayuda no llegue a jóvenes independizados de 18 a 22 años en situación de pobreza o que la «burocracia» impida que la prestación llegue a los más vulnerables.
Mientras, desde el PSOE, la diputada Carmen Baños se ha defendido asegurando que el IMV es «una política compleja» y que se ha hecho «un importante esfuerzo» para su despliegue. En concreto, ha desgranado que tienen a casi «un millón de personas protegidas del riesgo exclusión social y casi 400.000 hogares» a los que llega la ayuda.
También desde Unidas Podemos, la diputada Pilar Garrido ha defendido el IMV como uno de los «principales avances» realizados y, aunque ha admitido que la puesta en marcha «requería tiempo y hacía falta observar ineficiencias y obstáculos», ha asegurado que se ha hecho un «importante esfuerzo de revisión» introduciéndose diferentes cambios en la norma.
Mientras tanto, la diputada de VOX Inés María Cañizares ha criticado que el Gobierno «ha dejado de ejecutar 1.000 millones de euros» de los presupuestados para el IMV al tiempo que destina «21.000 millones para políticas feministas».
Desde Esquerra Republicana, la diputada Norma Pujol i Farré ha afeado que el Gobierno «salga a defender» que el despliegue del IMV ha ido «como la seda» porque está «muy lejos de cumplir expectativas» y ha reclamado su gestión desde la Generalitat de Cataluña.
Por el BNG, Rego Candamil ha lamentado que «tres de cada cuatro solicitudes se siguen rechazado»; Joan Baldoví, de Compromís, ha pedido que se facilite la tramitación «para que llegue a más gente» y que se permita a las comunidades autónomas gestionarlo; y el diputado del PDeCat Genís Boadella ha criticado las «fallidas peticiones de cita previa» para tramitar esta ayuda.
Al mismo tiempo, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha valorado que el IMV «ni se ha desplegado como debiera ni es accesible para quien lo precisaba» y ha dicho que, con esto, no quiere «herir ni recriminar» al Gobierno sino «constatar la evidencia». También ha apuntado que la cuantía de la prestación debería actualizarse ante la subida de precios.
