Greenpeace ha celebrado la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de movilidad sostenible, aunque pide al Gobierno «más coherencia y ambición» e ir más allá con medidas como eliminar los vuelos cortos o pagar por el uso de las calles y carreteras.
En un comunicado, la ONG elogia que por primera vez la ley reconoce en España el derecho a una movilidad limpia y accesible para todas las personas independientemente de su condición física o económica. Sin embargo pide que la ley, en su tramitación parlamentaria, vaya más allá y prohíba los vuelos cortos y establezca el pago por el uso de la red viaria. Así, recuerda que el transporte es el sector que más contribuye a las emisiones de CO2 en España.
Además, subraya que las medidas que recoge la ley responden a criterios técnicos, pero alerta de que su implantación definitiva puede enfrentarse a los obstáculo de la «poderosa industria del motor.
No obstante, destaca que la propuesta normativa sienta las bases para construir un modelo de transporte compatible con los objetivos climáticos, sin dejar a nadie atrás.
Entre los aspectos más significativos, se centra en que la ley crea el Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad pero Greenpeace propone que este se nutra de los ingresos procedentes de peajes en autopistas, tasas al transporte contaminante (como la aviación) o aportaciones de grandes generadores de movilidad, de manera que repercutan en más y mejor transporte público.
La ONG elogia asimismo que el texto recoge buena parte de las aportaciones que ha formulado en la fase de audiencia previa y defiende que eso demuestra que los criterios técnicos están cada vez más alineados con los principios de la movilidad sostenible.
Por ello, Greenpeace pide «coherencia» al Gobierno en las inversiones para que la norma no choque con los «intereses de la poderosa industria del motor», por ejemplo en aspectos como el pago por uso de autopistas, los peajes urbanos o la fiscalidad verde.
El responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, ha criticado que el Gobierno anuncia un nuevo modelo de movilidad más limpio y accesible, pero a la hora de repartir fondos, la mayor parte de la llevan los fabricantes de coches, lo que perpetua el modelo dependiente del coche.
«Inversiones necesarias y valientes como los 1.500 millones de Fondos Next Generation para conseguir ciudades con menos coches se quedan cortas si las comparamos a los 3.000 millones de dinero público destinado al PERTE de la Automoción», concluye.
