La pandemia de Covid-19 provocó que la tasa bruta de mortalidad se disparara en Extremadura hasta 12,4 por cada 1.000 habitantes en 2020, frente al 10,6 de 2019, situándose en un nivel no conocido en la región desde el año 1976, y dos puntos porcentuales por encima de la media nacional.
Este es uno de los datos recogidos en el Observatorio de las Personas Mayores de CCOO, con cifras para todas las comunidades autónomas, y que ha sido presentado este jueves en Mérida por la secretaria general del sindicato en la región, Encarna Chacón, el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Vicente Llamazares, y la secretaria de Política Social de CCOO en la región, Beatriz Blanco.
La sobremortalidad de la pandemia también ha provocado que la esperanza de vida en la región se haya reducido un año, tras pasar de 82,8 en 2019 a 81,8 en 2020. Las mujeres han sido las más afectadas, al reducir su esperanza de vida 1,2 años, hasta los 84,6, mientras que los hombres han perdido 0,8 años, hasta los 79,1. Y es que la esperanza de vida a los 65 años también se ha reducido en 1,05 años en la región.
El informe ofrece datos directamente relacionados con la población mayor en áreas como la salud y los recursos sanitarios, el sistema de la dependencia y el de pensiones. Cifras que para el sindicato dejan como aprendizaje tras la pandemia la necesidad de reforzar los servicios públicos y de implementar un completo cambio en el modelo de atención a las personas mayores, para que este sea «más humanizado».
En este sentido, Llamazares ha remarcado la apuesta del sindicato por incrementar el peso del sector público en un ámbito «ampliamente privatizado», con un 73,2 por ciento de las plazas residenciales en manos privadas en el conjunto del país.
No obstante, en el caso de Extremadura esta cifra se reduce al 43,6 por ciento, de modo que es la comunidad con un mayor porcentaje de plazas públicas.
Llamazares ha añadido a un mayor número de plazas públicas la necesidad de incrementar el «control» en las privadas, para poder «inspeccionar» los centros y evitar la masificación. «Que estos entornos se adecuen a las personas y no las personas a los entornos», ha señalado.
EXTREMADURA, ENTRE LAS MÁS ENVEJECIDAS
El informe deja entre sus principales conclusiones que Extremadura se mantiene como una de las regiones más envejecidas del país, con un índice de envejecimiento (porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años) de 148,35, frente a 129,63 de la media nacional. Además, la tasa de dependencia de mayores de 64 años es del 32,8 por ciento, frente al 30,6 por ciento del total nacional.
En cuanto al gasto sanitario, Beatriz Blanco ha destacado que Extremadura se encuentra «mejor» que la media en cuanto a los recursos de los que dispone, si bien ha incidido en la necesidad de mejorar su gestión.
En concreto, Extremadura destina a este fin el 8,6 % de su PIB, lo que la sitúa «muy por encima» de la media nacional, según el informe, con un gasto por habitante en Extremadura de 1.700 euros, ocupando así el 4º lugar de las regiones.
Así, si la región ocupa el segundo puesto en cuanto a la tasa de médicos en atención primaria, con 0,92 por cada 1.000 habitantes, y la cuarta en cuanto a enfermeros, con 0,88, la posición en el ránking cae al puesto 14 en atención especializada en el caso de los facultativos, con 1,9 médicos y a la décimo primera en los enfermeros, con 3,57.
REFORMAS
Finalmente, con respecto al sistema público de pensiones, la secretaria general del sindicato en la región, Encarna Chacón, ha destacado la mejora que supondrá para la comunidad con las pensiones más bajas el incremento introducido tras la última reforma acordada con el Gobierno.
Una subida que deja la pensión media de jubilación en Extremadura en 1.036 euros, frente a los 1.245,9 de la media nacional. Por su parte, las no contributivas han pasado de 414,45 euros en mayo de 2021 a 434 en 2022 tras la subida acordada.
Una reforma del sistema de pensiones que Chacón ha sumado a las aprobadas recientemente en el mercado laboral y para el salario mínimo interprofesional, que favorecerá al 30 por ciento de los trabajadores de la región, muchos de ellos jóvenes y mujeres de «sectores precarizados».
