La Comisión Europea ha adoptado formalmente este jueves la revisión de las normas en materia de ayudas de Estado para flexibilizar el marco común y adaptarlo a los objetivos climáticos de la Unión Europea, con el objetivo de facilitar las inversiones en proyectos ‘verdes’ que contribuyan a la transición ecológica que el bloque tiene entre sus prioridades.
Bruselas considera que la UE necesitará un gran volumen de inversiones sostenibles y aunque se cuenta en gran medida con el sector privado, los servicios comunitarios quieren que las ayudas públicas contribuyan a garantizar que la transición se produce con rapidez.
La modificación, en vigor desde este jueves tras su adopción aunque fue propuesta en diciembre, facilitará, por ejemplo, las inversiones de los Estados miembro en energías renovables para acelerar la consecución del ‘Pacto Vede’ de manera sostenible.
De este modo, los países podrán subvencionar proyectos diseñados para la protección del medio ambiente, incluida la generación de energía verde, e incluirá secciones para apoyar la descarbonización de la economía «de manera amplia y flexible, abierta a todas las tecnologías que puedan contribuir al Pacto Verde.
Entre las posibilidades, Bruselas contempla iniciativas en el sector de las energías renovables, medidas de eficiencia energética, ayudas a la movilidad limpia, infraestructuras, economía circular, reducción de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad, así como medidas para garantizar la seguridad del suministro energético.
La Comisión espera también que estas directrices faciliten la participación de las comunidades de energías renovables y las pymes, como motores importantes de la transición ecológica.
Entre los cambios introducidos por los servicios comunitarios para hacer posible esta flexibilización figura el ampliar las categorías de inversiones y tecnologías, para lo que se crea una única dedicada a la reducción y la prevención de las emisiones de gases de efecto invernadero, que facilita la evaluación de las medidas de apoyo a la descarbonización.
Así se permitirán importes de ayuda de hasta el 100 % del déficit de financiación, especialmente cuando las ayudas se conceden después de una licitación pública, e introducen nuevos instrumentos de ayuda, tales como los contratos por diferencia para el carbono para ayudar a los Estados miembros a responder a las necesidades de ecologización de la industria.
También abarca proyectos para la prevención o reducción de la contaminación distinta a la provocada por los gases de efecto invernadero, como pueden ser medidas contra la contaminación acústica, ayudas a la eficiencia y a la economía circular y apoyos a acciones de reparación de daños medioambientales.
Igualmente habrá secciones específicas para aquellas ayudas que incentiven las inversiones en ámbitos emblemáticos como la eficiencia energética de los edificios y la movilidad limpia, en todos los modos de transporte. La revisión introduce asimismo cambios en las normas vigentes sobre reducciones de determinados gravámenes sobre la electricidad para los grandes consumidores de energía.
