La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) ha solicitado que la instrucción de la pieza 9 de ‘Púnica’, relacionada con la presunta caja B del Partido Popular de la Comunidad Madrid, se prorrogue por otros seis meses al haber, según recuerdan, material pendiente de investigar.
Así consta en un escrito fechado el pasado 16 de enero, en el que Adade pone el foco en la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Una serie de documentos que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ordenó incorporar a esta pieza a finales del mes de diciembre.
En esta línea, la asociación recuerda que el auto que dispuso la prórroga que vence el 29 de enero hacía referencia, precisamente, al escrito en el que Ortega aportaba «unas facturas que ponían de manifiesto la existencia de una facturación impuesta para satisfacer las necesidades económicas del Partido Popular».
Y ese escrito debe ser puesto en conexión directa con la declaración anterior que esa persona realizó el 9 de julio de 2020 en la que refirió la existencia de más de un millón de euros de sobrefacturación en la contratación de publicidad, desviados a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo; con ese importe se estaría creando una suerte de ‘fondo’ para pagar gastos del Partido Popular; también se refirió a actuaciones de otros investigados, como Esperanza Aguirre, Francisco Granados o Beltrán Gutiérrez», recuerdan.
LA «VOLUNTAD DE COOPERAR» DEL EXALCALDE
A su juicio, eso «bastaría para extender una nueva prórroga» ya que, señalan, «desde el 1 de diciembre de 2021 no ha habido investigación, al menos en lo que tiene origen en la declaración y escrito de Ortega». «Ni siquiera se ha entregado a Guillermo Ortega toda la documentación que él solicitaba; tampoco se le han facilitado en el centro penitenciario unas mínimas condiciones de trabajo (ordenador e impresora)», lamentan.
En este punto, Adade recuerda que el que fuera alcalde de Majadahonda manifestó su voluntad de cooperar» e inciden en que «tal voluntad se impide si el Juzgado no le facilita las condiciones adecuadas para llevar a buen puerto aquella colaboración. La instrucción no avanzará y desde luego no podrá liquidarse mientras se mantengan estas condiciones», apuntan.
Además, en su escrito la acusación popular asegura que tampoco se ha recibido el informe UCO que contiene el examen sobre si algunas de las facturas que aportó Ortega aparecen en la documentación facilitada por la Comunidad Autónoma de Madrid en los legajos del Juzgado o en alguna de las 14 cajas con documentación que recibió tras el requerimiento interesado por el escrito del Ministerio Fiscal.
Así las cosas, continúan, «una vez que Ortega disponga de la documentación y los medios y complete su denuncia, y una vez se disponga del informe de la UCO, seguramente habrá que realizar diligencias de declaración tanto de investigados que ya han declarado como otras personas que hasta el momento no han sido llamadas a la pieza».
«Carecería por completo de sentido que el juzgado no impulse decididamente la investigación cuando en mayo de 2021 señalaba que había material bastante para investigar, lo que amparaba incluso la apertura de una nueva pieza», apostillan.
LOS PAPELES DE ORTEGA
La petición de Adade llega un mes después de que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, dejase sin efecto la pieza separada número 13, que se había creado ex profeso para investigar los papeles del exdirigente madrileño, y que fueron incorporados a la pieza 9.
Los magistrados de la Sección Cuarta estimaron parcialmente los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la representación popular de Adade en dos autos en los que criticaban «la falta de necesidad y de utilidad» de esta nueva pieza «por la redundancia generada».
La Sala consideraba que la creación de una nueva pieza, «en lugar de clarificar la situación procesal existente» la venía «a complicar». Así, y «ante la duplicidad de objetos procesales» que ya existían en la pieza número 9, la Sala se desmarcaba de la justificación contenida en el auto que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 suscribió en mayo de 2021.
En la citada pieza número 9, el magistrado Manuel García-Castellón intenta averiguar si el PP madrileño tuvo una ‘caja b’, nutrida con donaciones empresariales, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
