La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a partir de este lunes al que fuera presidente de la Federación Cántabra de Fútbol desde 1990 a 2012, Alberto Vilar, por un delito continuado de apropiación indebida por disponer de los fondos de la entidad.
El Ministerio Fiscal solicita para Vilar dos años de prisión y 2.400 euros de multa, además del pago de una indemnización a la Federación de Fútbol que asciende a 148.888 euros.
Por su parte, la Federación, que ejerce la acusación particular, pide para él tres años de cárcel y multa de 8.100 euros por el mismo delito; y cuatro años de cárcel y multa de 9.000 euros por estafa, así como una indemnización de 182.619 euros.
Según el escrito del fiscal, Vilar, «aprovechando su posición en la Federación«, dispuso de dinero de la entidad para su propio interés personal durante los años 2010, 2011 y 2012.
Así, en 2010 dispuso de 342 euros para enseres personales, como unas gafas, plantas para su hogar o una vitrocerámica, entre otros, así como de 595 euros para el seguro de su domicilio particular, y de 5.049 euros en concepto de «dietas por desplazamientos que no se realizaban y sin justificación documental alguna«, explica el escrito.
Un año después, dispuso de otros 554,64 euros para gastos personales, 621 euros para el seguro del hogar y 4.542 euros para «dietas por supuestos desplazamientos no realizados y sin justificación documental alguna».
En 2012, los gastos personales ascendieron a 231,41 euros, el seguro de su domicilio a 656 euros y las dietas por desplazamientos sin justificación a 1.650 euros. Además, en esa anualidad dispuso de otros 2.017 euros para gastos judiciales particulares.
Por otro lado, el fiscal indica que entre 2010 y 2012 la Federación Cántabra solía comprar entradas a la Española para encuentros tanto nacionales como internacionales. Dichas entradas ulteriormente eran vendidas a terceros, siendo entregado su importe al acusado, que lo incorporó a su patrimonio para uso personal. De este modo obtuvo, según la fiscalía, 24.434 euros.
Finalmente, relata que el acusado, el tesorero y los secretarios de la Federación (no investigados en esta causa) «acordaron modificar el acta» de la asamblea general de 1999 para añadir «que se acordaba por unanimidad suscribir un plan de pensiones a su favor y a cargo de las cuentas de la Federación».
Así, según señala el ministerio público, se suscribieron cuatro planes de pensiones: dos contratados en julio de 1999 y otros dos en noviembre de 2003, todos con aportaciones periódicas a cargo de la Federación.
En mayo de 2007, el acusado solicitó el rescate de las dos primeras y recibió 59.502 y 20.259 euros, respectivamente; y en abril de 2007 pidió la anulación de las dos segundas por jubilación y recibió 16.229 y 12.203 euros, respectivamente.
Los hechos constituyen, a juicio de la fiscalía, un delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Por su parte, la Federación considera al acusado autor de varios delitos independientes: de apropiación indebida agravado por la cuantía -subsidiariamente de un delito de administración desleal- por la disposición de fondos a su favor; y de estafa agravado por la cuantía -subsidiariamente de un delito de apropiación indebida independiente del anterior- por la manipulación del acta para la contratación de las primas y la percepción de las aportaciones periódicas.
Por ello, pide tres años de prisión y multa de 8.100 euros por el primero de los delitos; y cuatro años de cárcel y multa de 9.000 euros por el segundo. En concepto de responsabilidad civil por ambos delitos, la indemnización reclamada asciende a 182.619 euros.
El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, a partir de hoy a las nueve y media de la mañana, y está previsto que se prolongue hasta el jueves 27 de enero.
