El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado al Gobierno que «ponga orden en el caos y descontrol que están generando los test de autodiagnóstico del Covid-19 en las oficinas privadas de farmacia», ya que en cada comunidad autónoma se han establecido condiciones y requisitos diferentes.
Según Satse, los acuerdos alcanzados en algunas comunidades autónomas con los empresarios de las oficinas privadas de farmacia sobre los test de autodiagnóstico y su notificación al servicio de salud correspondiente «constituye un nuevo ejemplo del descontrol y descoordinación existente entre las diferentes administraciones públicas en la lucha contra la pandemia».
En este sentido, la organización sindical critica que algunas consejerías de salud «hayan querido beneficiar a las oficinas privadas de farmacia» a la hora de realizar unas actuaciones asistenciales, como son las pruebas diagnósticas del Covid-19, «que pueden y deben realizarse en los centros públicos a cargo de los profesionales sanitarios competentes y perfectamente habilitados y cualificados para hacerlo».
Al respecto, Satse incide en que los farmacéuticos «no están habilitados legalmente para poder realizar pruebas diagnósticas y, menos aún, para su interpretación, diagnóstico y certificación». Apunta también que la realización de cursos o actividades formativas puntuales al respecto tampoco les da potestad ni legitimidad para poder hacerlo.
«En lugar de reforzar los centros de salud con personal y material sanitario para que a cualquier ciudadano se le pueda realizar este tipo de test de manera gratuita y con todas las garantías de salud y seguridad, en algunas autonomías se ha optado por permitir hacerlos en las oficinas de farmacia, lo que, además de conllevar riesgos, le supondrá a la persona pagar una media de unos 10 euros, con lo que los empresarios de las farmacias cobrarán esta cantidad y, además, recibirán una contraprestación económica por este servicio», denuncian.
A modo de ejemplo, recuerdan que, en el caso de la comunidad autónoma de Murcia, la Consejería abonará 215.000 euros a los empresarios de las oficinas privadas de farmacia para que hagan test de autodiagnóstico en sus establecimientos comerciales, y en Valencia, las farmacias cobrarán al ciudadano, además de la prueba, el coste de realizar y comunicar los test de antígenos, estableciendo cada una el precio en función de los gastos que considere en función de los gastos que le ha supuesto.
Satse defiende que estos recursos económicos se destinen a la sanidad pública y sus profesionales para que, como ya se ha hecho en algunas comunidades autónomas, se posibilite que las enfermeras y enfermeros puedan, con carácter voluntario, doblar turnos, para que un mayor número de personas puedan ser atendidas en los centros sanitarios.
Otro aspecto que critica la organización sindical es que se permita el conocimiento y tratamiento por parte de los farmacéuticos de información sobre salud de los pacientes «que está especialmente protegida conforme a la legislación actual, así como datos de carácter personal también protegidos por la Ley».
Así, Satse no entiende tampoco por qué estos test de autodiagnóstico no son gratuitos en España, al igual que se ha hecho en otros países como Alemania, Portugal o Gran Bretaña, cuyos gobiernos facilitan un número determinado de pruebas al mes sin ningún coste para el ciudadano.
De igual manera, Satse resalta que, en su defecto, estos test podrían ser adquiridos también en otros establecimientos comerciales y/o en grandes superficies para que, a través de la libre competencia, resulten mucho más baratos, tal y como ya se hizo en su momento con las mascarillas.
Por otro lado, Satse incide también en que «la notificación de los casos positivos de Covid-19 a los servicios de salud desde la oficinas de farmacia ha sido también seriamente cuestionada por expertos, profesionales médicos, e incluso, desde el propio sector farmacéutico, al entender que no tiene sentido por resultar ineficaz y no aportar nada al proceso de detección y seguimiento de casos».
En definitiva, Satse reitera que el Gobierno debe abordar este asunto, con carácter urgente, con el conjunto de las comunidades autónomas para evitar que cada una de ellas actúe de manera independiente y descoordinada y para que se establezca una estrategia de actuación conjunta.
