El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este jueves que en la isla de La Palma se han distribuido ya más de 120 millones de euros en ayudas para cubrir los daños ocasionados por el volcán de Cumbre Vieja.
En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la comisión mixta ha comentado que los afectados «merecen» que lleguen las ayudas a sus bolsillos y ha justificado la tardanza en que había que hacerlo con «seguridad jurídica» y a través del registro único de afectados.
De hecho, ha señalado que durante el proceso se han detectado «fraudes» para beneficiarse de las ayudas, poniendo como ejemplo que había personas que notificaban la pérdida de la vivienda pero era una herencia y por tanto no titulares únicos, otras que daban número de cuenta sin advertir de que estaban en proceso de divorcio con bienes gananciales o quienes decían que habían perdido tres viviendas y resulta que era una con tres familias dentro.
«Todo eso hay que confrontarlo, hay que comprobarlo, datarlo, sentarse con las familias», ha señalado, defendiendo el trabajo realizado por el equipo de 30 trabajadoras sociales, muchas veces en festivos y días libres, y la honradez y honestidad de la mayoría de los afectados.
Torres ha informado de que a cierre del 29 de diciembre el registro único de afectados ha recibido un total de 4.533 solicitudes de las que se 2.473 se han resuelto, lo que supone el 62%.
En cuanto a las ayudas ha detallado que ya se han repartido más de 3 millones de las donaciones que están en las cuentas del Cabildo y los ayuntamientos de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane; 13,5 millones para el subsector platanero; casi 2 millones a pymes y empresas; más de 2 millones en cubrir los gastos de alojamiento en hoteles para alergados y se han adquirido casi 100 viviendas «y en tiempo récord», a lo que se suma que en enero se empezarán a entregar las prefabricadas.
Asimismo, ha indicado que se han repartido 264.000 euros para la compra de muebles y enseres; más de 63 millones a través del consorcio de seguros; 1,5 millones a los ayuntamientos para servicios básicos esenciales; 200.000 euros para el pago de la PCI extraordinaria; seguros de vehículos y apoyo psicológico; 10,3 millones para 44 negocios a través del consorcio, 3,5 millones para los autónomos y 5 millones para desaladoras.
Además, ha destacado la puesta en marcha del plan de empleo para más de 1.600 personas por importe de 63, «el mayor de la historia de Canarias», y que ya se está culminando el expediente para abonar un ayuda de 60.000 euros por vivienda perdida y por un total de 4,2 millones.
Torres ha insistido en que se mantiene «la emergencia y con dificultades» pero ya se ha entrado «en fase B» que marca «la reconstrucción segura», subrayando que mucha gente podrá volver a sus casas una vez se retire la ceniza.
EL DECRETO-LEY DE PLANEAMIENTO, CASI LISTO
Ha dicho también que se está ultimando un decreto-ley de urgencia para el planeamiento, a falta de alguna aportación pendiente de una administración local, «con consenso» con las administraciones y los afectados y con el fin de hacer compatible la recuperación de los barrios con un urbanismo «del siglo XXI» basado en la «sostenibilidad y la eficiencia».
En ese sentido ha avanzado que la construcción de la carretera de emergencia entre Las Manchas y Puerto Naos estará finalizada la próxima semana si no hay más retrasos derivados de la presencia de gases en la zona.
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, ha resaltado el «compromiso» de las administraciones por ‘dejarse la piel’ en la reconstrucción de la isla y ahora, con la erupción finalizada se trabaja «a contrarreloj» para que la gente pueda volver a sus hogares pues «las personas siguen siendo la principal prioridad».
Ha valorado el trabajo realizado por el registro único de la comunidad autónoma para la entrega de las donaciones –más de 2 millones de cuentas del Cabildo y aún quedan otros ocho millones– y espera que se apruebe cuanto antes el decreto-ley de planeamiento «para dar respuesta con prontitud» a las demandas de los afectados.
