La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este viernes el acuerdo de la reforma laboral como «un cambio de paradigma fundamental» y ha llamado a «ser prudentes» y «leer los textos» antes de criticar y rechazar el pacto.
Así lo ha expresado Díaz en una entrevista en el programa ‘Hoy por Hoy’ en la Cadena SER, en la que ha calificado el acuerdo como «histórico» por ser la «primera vez en 40 años» que una reforma estructural de «este calado» sale adelante con el apoyo de todas las partes.
«Cuando conozcan el texto, observarán que desde luego no se trata de un retoque», ha aseverado, para incidir en que supone un planteamiento encaminado al modelo europeo y por el que «los contratos van a ser más estables y la restricción a la temporalidad, muy dura».
Díaz ha salido así al paso de las críticas recibidas y ha insistido en que se trata de una reforma «ambiciosa» que «cambia el paradigma de las relaciones laborales» en España, y ha apuntado que si bien no se trata de una derogación de la reforma laboral del Partido Popular porque «técnicamente» no se podía, si se hace «políticamente».
Así, ha asegurado que la reforma laboral cumple con el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, y «va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras» a diferencia de lo que hizo la «muy lesiva» reforma del PP.
Por otro lado, ha destacado el carácter «equilibrado» de la reforma y ha reconocido el trabajo de los equipos negociadores y el papel que ha tenido el diálogo social en la mesa de negociación, si bien ha afirmado ser consciente de la resistencias que se han desatado en la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) pese al acuerdo final.
Díaz ha asumido estas posturas y ha apuntado a que responden al «cambio sin precedentes» que supone la reforma con medidas como sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador afectado para las empresas que incumplan estas medidas para paliar la temporalidad, como ha ejemplificado.
En este contexto, ha dicho que tanto la CEOE como todos los agentes sociales «han tenido dificultades» para asimilar el «cambio fuerte» que se avecina, pero ha enfatizado que, finalmente, «han estado a la altura de las circunstancias».
La ministra de Trabajo ha subrayado así el papel del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y ha aplaudido la «responsabilidad clave» de los agentes sociales que «frente al ruido y las políticas del odio» han demostrado «que la sociedad española cree en otra cosa».
Cuestionada por la postura del PP sobre la reforma, ha rechazado las críticas del líder de la formación, Pablo Casado, quien ya ha dicho que votará en contra de la misma.
Díaz ha afeado que este haya respondido así pese a «no conocer» la norma y ha lamentado la «política del no por el no» que lleva a cabo el PP. «Esto no es política, la política es el diálogo, llegar a síntesis si se puede y, por el contrario, si hay muchas diferencias ya votar en contra. Pero la política del no por el no en la que esta instalada el PP es dañina. El PP tiene un problema real: está secuestrado por Vox», ha sentenciado.
Con el objetivo cumplido, prometido a Bruselas, de tener lista la reforma antes de finalizar el año, tras nueve meses de «intensísimas» negociaciones, Díaz ha remarcado que se siente «satisfecha» y «muy contenta.
«Nadie creía en este acuerdo, nadie creía que fuese a ser a tres bandas. Yo he dicho siempre que íbamos a cumplir con el plazo y no me iba a levantar de la mesa hasta llegar al acuerdo», ha apostillado la ministra que se ha trasladado por Navidad a Galicia, su tierra natal, con su propósito cumplido: «No me podía ir sin el acuerdo. Hoy es una realidad».
EL ACUERDO
El Gobierno y los agentes sociales avalaron este jueves la reforma después de que en los últimos días parecía muy complicado a tenor de las discrepancias manifestadas, sobre todo, por los empresarios.
El Gobierno llevará la reforma laboral para su aprobación al Consejo de Ministros del próximo martes, 28 de diciembre, para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que culmine 2021.
El texto presentado por el Gobierno en la mesa de diálogo social, establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: el estructural y el formativo.
El primero de ellos, el estructural, sólo podrá responder a dos causas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo, siempre y cuando quede perfectamente especificado a quien sustituye el trabajador contratado.
Por su parte, el contrato por circunstancias de la producción sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno.
Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. En el último trimestre del año anterior a la realización de estos contratos, los representantes sindicales deberán ser informados de la previsión anual.
Asimismo, las partes han acordado reducir a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido.
El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido. De hecho, se elevarán las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) por el uso fraudulento de la contratación temporal, estableciéndose multas por cada situación fraudulenta y no por empresa.
Al mismo tiempo, se ha acordado reforzar la definición y causalidad del contrato formativo, ofreciendo dos tipos de contrato: el de formación en alternancia, que combinará trabajo y formación, y el contrato para la adquisición de la practica profesional.
El contrato de formación dual se limitará a una edad máxima de 30 años, obligará a que el contratado tenga un tutor y su duración deberá estar comprendida entre tres meses y un máximo de dos años. Por su parte, el contrato de obtención de práctica profesional adecuada al nivel de estudios se suscribirá dentro de los tres años (5 años con personas con discapacidad), por un periodo mínimo seis meses y un máximo de 12, estableciéndose en el convenio del sector correspondiente qué puestos de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales pueden contar con este tipo de contrato.
También, se fomentará el contrato fijo discontinuo para la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada. Podrán acogerse a esta modalidad los trabajos en contratas administrativas o mercantiles y se reconocerá la antigüedad de todo el periodo de la relación laboral, no sólo de los periodos efectivamente trabajados.
El acuerdo incluye la derogación de la disposición adicional decimosexta del Estatuto de los Trabajadores que permitía la posibilidad de acometer despidos objetivos y despidos colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
El acuerdo modifica la reforma laboral de 2012 para recuperar el equilibrio en la negociación colectiva, reinstaurando la ultraactividad plena, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo.
Además, el convenio de sector recuperará su prevalencia sobre el convenio de empresa y se ha pactado potenciar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar despidos colectivos.
