El borrador del anteproyecto de la Ley de Familias elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales propone ampliar a un año el permiso de maternidad a familias monoparentales y contempla, además, para este caso la opción voluntaria de ceder la mitad de este tiempo, seis meses, a un conviviente o un familiar.
Esta es una de las principales medidas que establece el texto del departamento liderado por Ione Belarra, que con carácter genérico plantea extender a seis meses el permiso por maternidad y paternidad (ahora son cuatro), además del despliegue de una prestación por crianza de carácter universal de 100 euros por hijo.
El espíritu del texto persigue incrementar el apoyo para el cuidado a las familias monoparentales y se recoge, en esta línea, 12 meses de permiso por nacimiento, según han explicado fuentes de Unidas Podemos.
Además de esta novedad, se abre la posibilidad de que la madre ceda la mitad del tiempo a un conviviente empadronado en el domicilio, como puede ser una pareja, u otorgarle la mitad del permiso a un familiar hasta segundo grado de consanguinidad.
No obstante, las citadas fuentes especifican que el beneficiario de esa cesión de permiso debe ser cotizante en la Seguridad Social (tener empleo), lo que excluye, por ejemplo, a los jubilados.
La futura ley marca extender la aplicación de la actual deducción por maternidad en el IRPF a todos los casos, lo que en la práctica supondrá reconvertir esta medida en una renta universal por crianza.
En cuanto a la prolongación de los seis meses de permiso, la propuesta es incrementar dos semanas adicionales cada año. De esta forma y con su puesta en marcha en 2023, el periodo de 24 semanas se alcanzaría en 2026.
PROBLEMAS CON HACIENDA
El borrador ya ha sido repartido a los ministerios de Igualdad, Inclusión, Justicia y Hacienda para conocer su valoración y sugerir aportaciones. Los dos primeros, según las mismas fuentes, han acogido el texto de forma positiva pero sí existen problemas con el departamento de María Jesús Montero.
La pretensión del espacio confederal es que el texto pueda llegar al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2022 y poder tener la norma aprobada tras el trámite parlamentario a finales de ese año.
De hecho, la prestación universal por crianza y la extensión a seis meses de los permisos de paternidad y maternidad fueron propuestas del ala minoritaria del Ejecutivo de coalición en la negociación de las cuentas públicas del año que viene, aunque no se incluyeron finalmente al priorizarse con el PSOE la Ley de Vivienda con regulación del alquiler y el tipo fijo del 15% en el impuesto de Sociedades a las grandes empresas.
En Unidas Podemos restan importancia a las objeciones que pueda poner Hacienda en materia de gasto, dado que en febrero se abrirá el proceso de reforma fiscal que aspira a lograr más recursos al potenciar la progresividad fiscal.
IMPACTO PRESUPUESTARIO DE 1.500 MILLONES EN EL PRIMER AÑO
De esta forma, las estimaciones económicas del Ministerio de Derechos Sociales estipulan que la prestación universal por crianza requerirá un desembolso de 400 millones en su primer año de entrada en vigor. No obstante y dado que la idea es dar la ayuda hasta la mayoría de edad, esta partida crecerá progresivamente cada año.
En el caso de la extensión de los permisos de maternidad a seis meses el impacto sería de 360 millones de euros en el primer año, a los que se añaden otros 290 millones para alargar un año el permiso para familias monoparentales.
También se incluyen otras iniciativas como equiparar el régimen jurídico entre los matrimonios y las parejas no casadas con hijos, que también podrían beneficiarse de la deducción del IRPF, con un impacto estimado de 475 millones.
Con todo ello, el impacto presupuestario de estas medidas rondaría los 1.525 millones en el primer ejercicio desde la puesta en marcha de la ley. A ello se suma la voluntad de ahondar en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, que ya se refleja en la Lomloe.
Desde Unidas Podemos marcan como una prioridad la aprobación de esta normativa el año que viene, dado que aspira a reducir la brecha actual de gasto en apoyo a los cuidados en el entorno familiar que presenta España con respecto a los países de la Unión Europea.
