El PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados parlamentarios están trabajando en un documento común de conclusiones sobre la investigación que ha llevado a cabo la comisión encargada de señalar responsabilidades políticas por la operación ‘Kitchen’ y lo hacen con la convicción de que el PP se valió de fondos públicos y de miembros de las Fuerzas de Seguridad para espiar a su ex tesorero Luis Bárcenas.
Tras la comparecencia el pasado lunes del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la comisión dio sólo una semana de plazo a las distintas formaciones para presentar sus respectivas propuestas de conclusiones.
Una vez registradas, el órgano que preside la socialista Isaura Leal se reunirá el miércoles para aprobar un texto que, ya en 2022, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones, se elevará al Pleno para su ratificación.
Según han informado fuentes parlamentarias, en los últimos días se han producido conversaciones e intercambio de documentos entre el PSOE y Unidas Podemos y sus aliados nacionalistas e independentistas con el objetivo de consensuar un documento.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo, cada formación podrá presentar su propio texto y, no obstante, siempre existe la posibilidad de que después se presenten votos particulares sobre asuntos que hayan quedado fuera del hipotético documento conjunto.
SÍ SE USARON FONDOS PÚBLICOS
Por lo pronto, el informe conjunto en el que se está trabajando concluye que sí existió una utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.
Además, algunos grupos son partidarios de señalar en las conclusiones a los comparecientes que desde su punto de vista mintieron ante la comisión.
Según el artículo 502.3 de Código Penal, quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, «faltare a la verdad en su testimonio» será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
Han sido varias las sesiones en las que algunos portavoces han afeado a los comparecientes no estar diciendo la verdad ante las preguntas de los comisionados. Así pasó por ejemplo, cuando el ex presidente Mariano Rajoy negó que la Justicia haya acreditado la existencia de una ‘caja b’ en el Partido Popular.
Los que presentarán un texto en solitario serán los ‘populares’, que siempre han considerado que esta investigación era un «juicio sumarísimo» e «inquisitorial» a su partido, que las conclusiones estaban escritas de antemano y que su objetivo sólo era «desgastar» la alternativa que representa Pablo Casado.
CASI 40 COMPARECENCIAS
El Pleno del Congreso acordó abrir la investigación sobre la ‘Kitchen’ en octubre de 2020, pero la comisión no se constituyó hasta el 22 de diciembre de aquel año. Se cerrará justo un año después con la aprobación de sus conclusiones.
Entre marzo y diciembre han pasado por este órgano casi 40 personas que, según los partidos, podían arrojar luz sobre la supuesta trama orquestada desde el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar al dirigentes ‘populares’ en casos de corrupción.
Así, se ha podido escuchar a los principales afectados, Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias; a policías y expolicías implicados, como el ex comisario José Manuel Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, que acudieron en dos ocasiones; a investigadores de la trama ‘Gürtel’, como Manuel Morocho; y a otros protagonistas, como el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos.
También han desfilado diversos responsables políticos además de Rajoy, como el principal imputado, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien fue su ‘número dos’ en el ministerio Francisco Martínez; la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, quien fue citado dos veces.
