La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha lamentado este viernes las «reacciones precipitadas» de los gobiernos regionales del Partido Popular sobre la propuesta del Ejecutivo para reformar el modelo de financiación autonómica y ha reclamado «altura de miras» en el debate que ahora se inicia.
En declaraciones a la Cadena Ser, la ministra ha insistido en que este debate es el «más importante en el estado autonómico» y ha defendido que cada gobierno regional vele «por aquello que entiende que es mejor» para sus intereses pero sabiendo que los importante «es pertenecer a una colectividad como representa nuestro país».
El objetivo, según Montero, es que ningún ciudadano «viva donde viva» tenga la «dificultad de llegar» a los servicios públicos y se impulsen las políticas «para la economía de la zona». «Tienen que ser capaz de renunciar a una posición de máximos e intentar aproximarnos a lo que permita que todos ganemos y podamos seguir dando calidad a unos servicios públicos que tienen que ser el orgullo de los ciudadanos», ha explicado.
Por ello, la titular de Hacienda ha pedido «no utilizar el titular fácil» ni «enrocarse en una posición de máximos», por lo que ha acusado a las autonomías gobernadas por el PP de haber reaccionado de una manera «precipitada» porque «no se han leído el documento todavía»: «Demos tiempo al tiempo para poder mandar valoraciones y preferencias. Vamos a intentar el acuerdo, consenso, el diálogo y el avance. Si los demás están por la labor, llegaremos a buen puerto», ha dicho.
El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a todas las comunidades autónomas de régimen común, Ceuta y Melilla la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada, con el objetivo de iniciar el debate entre todas las autonomías sobre el nuevo sistema de financiación.
En este texto, Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo las regiones conocidas comúnmente como ‘infrafinanciadas’: la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
