La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 34 de Madrid que archive la querella que JUPOL presentó contra la cúpula de la Policía al considerar que ha quedado acreditada la compra y «efectiva entrega» a los agentes de material de protección sanitario frente a la covid durante los primeros meses de la pandemia.
El sindicato mayoritario de la Policía había dirigido la querella contra el director general del Cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, y contra la subdirectora general de Recursos Humanos, Pilar Allué Blasco, por un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo.
Según JUPOL, «miles de agentes» desempeñaron sus funciones «sin medios de protección, sin protocolos de actuación o con protocolos contradictorios». Y «cientos» de solicitudes de material de protección dirigidos a sus superiores «fueron desatendidas» y en abril «agentes sospechosos de Covid se reincorporaban sin haberles realizado la prueba o test con resultado negativo de coronavirus».
La Fiscalía difiere. Tras analizar toda la documentación aportada a la causa, ha concluido que ha quedado «acreditada» la compra de material de protección a los agentes de Policía Nacional en fechas anteriores a la declaración del estado de alarma, así como su «efectiva entrega».
«En absoluto se aporta el más mínimo elemento que permita considerar que el sujeto legalmente obligado pudo hacer algo diferente a lo que hizo, ni mucho menos que tuvo la posibilidad de proporcionar a los Policías equipos de protección adecuados en número y por su propia voluntad no se los facilitaron», ha señalado el Ministerio Público en una nota informativa.
Así, la Fiscalía ha asegurado que «no puede apreciarse» que la conducta o las omisiones de Pardo o de Allué estén embebidas del necesario dolo o imprudencia grave.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El Ministerio Público ha destacado, además, el informe elaborado en enero de 2020 por el ex Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policia Nacional Jose Antonio Nieto González.
Según ha indicado, este texto «derivó en la adopción por parte de los investigados de medidas de protección para garantizar la seguridad en el trabajo de los agentes policiales con la entrega de existencias y numerosa compra de material y posterior realización de protocolos de actuación».
Asimismo, ha subrayado la «importancia» de que todas las personas que han declarado en la causa coincidan en la «relevancia» de dicho informe, que fue elaborado con casi dos meses de anticipación a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020.
A su juicio, esto «lo que demuestra que ya desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional se anticiparon a las eventuales consecuencias del COVID 19, protegiendo a los agentes con las existencias de epis existentes».
«CRISIS SANITARIA SIN PRECEDENTES»
La Fiscalía ha recordado que, «como es notorio y público», los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado –dada la situación de urgencia sanitaria por la que se declaró el estado de alarma– estuvieron expuestos a un riesgo «evidente» para su salud, pero solo «en el caso de que se acredite que no desempeñan el trabajo con las medidas adecuadas».
Asimismo, ha advertido de que la situación que se vivió en aquella época fue «excepcional» y que «las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud».
