El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha estimado en algo más de 2.000 millones de euros la paga complementaria de pensiones por el alza del IPC –conocida como ‘paguilla’– y ha indicado que no se va a desbordar la previsión de gasto en esta materia porque la Seguridad Social está «recaudando claramente más» de lo estimado, porque la economía «está funcionando cada vez mejor». Además, se ha mostrado convencido de que España «no tiene un problema serio de sostenibilidad de sus pensiones».
Escrivá ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha participado, a primera hora, en el Foro Empresarial Gipuzkoa y, posteriormente, acompañado por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, se ha trasladado a la sede de las direcciones provinciales de las entidades de la Seguridad Social.
Allí se ha reunido con los trabajadores y les ha agradecido su trabajo para que el despliegue de las ayudas durante la pandemia «llegara lo más rápido posible a los ciudadanos y el tejido productivo».
Finalmente, junto al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y al viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno vasco, Alfonso Gurpegui, y la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, ha recorrido las instalaciones del grupo empresarial Gureak, especializado en la inclusión de trabajadores con discapacidad, donde ha puesto en valor estas iniciativas que gestionan «oportunidades estables y adaptadas» para estas personas.
En el transcurso de su visita a la capital guipuzcona, Escrivá ha indicado que el Gobierno está comprometido «en cerrar antes de finalizar el año» tanto la reforma de pensiones como la laboral, que están «muy avanzadas».
Respecto a la reforma de pensiones, ha afirmado que incluye «muchísimos elementos» y ha recordado que el 1 de julio se firmó con la patronal y los sindicatos «la hoja de ruta». En este sentido, ha indicado que es un «punto concreto», el del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, en el que la patronal no está de acuerdo, pero lo que no se puede decir es que no estén de acuerdo «con todo lo demás».
INFLACIÓN
En relación a la evolución de la inflación y la revalorización de las pensiones, Escrivá cree que la inflación media al final de este año terminará en el 2,5%, de manera que estima una paga complementaria de 1,6 puntos, «que debe estar en el entorno de algo más de los 2.000 millones». «Eso es lo que es la paga complementaria», ha añadido.
Escrivá ha manifestado que «lo más importante» es que, a partir de ahora, ya no estarán «pendientes» en cada PGE, sino que el mecanismo de revalorización que se ha acordado, -que es la inflación media del año anterior evaluada en noviembre-, sea «ya permanentemente el mecanismo que asegure que, en cualquier circunstancia y de forma absolutamente indefinida, las pensiones tienen asegurado su poder adquisitivo según la evolución del IPC».
Cuestionado por si la evolución de la inflación ha podido desbordar la previsiones de gasto en esta materia, Escrivá lo ha negado y ha asegurado que este año se está recaudando «claramente más» de lo que se tenía previsto. Según ha manifestado, a pesar de la pandemia, la Seguridad Social, por cotizaciones está recaudando ya «más que en el nivel prepandemia». «Por lo tanto, hay más gasto pero hay más ingresos porque la economía está funcionando cada vez mejor», ha manifestado.
Asimismo, el ministro ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad» a los pensionistas y ha defendido que España «no tiene un problema serio de sostenibilidad de sus pensiones». Además, ha resaltado que en 2023 la Seguridad Social «estará más o menos en equilibrio presupuestario».
Escrivá ha detallado que el gasto en pensiones en España «es de 12 puntos del PIB», mientras que «en Italia es de 15, en Francia de 16, y la media Europea está en 14».
«No es un gasto extraordinariamente abultado, aunque sí importante», ha admitido el ministro, quien ha detallado que la razón de que la Seguridad Social haya presentado «déficit importantes» es porque «durante los años que tenía superávits hubo una tendencia de los gobiernos por sobrecargar la Seguridad Social, lo que llamamos gastos impropios, financiando políticas discrecionales que no son contributivas, y se agotó el fondo de reserva».
Tras recordar que en el seno del Pacto de Toledo se cifraron esos gastos impropios en 21.500 millones de euros, ha recordado el compromiso del Gobierno en ir reduciendo las cifras. «Tal como estamos yendo, el déficit de la Seguridad Social en 2022 será de medio punto del PIB, cuando en 2019 fue del 1,5%, y en 2023 estará más o menos en equilibrio presupuestario», ha sostenido.
Escrivá también ha defendido la importancia de los mecanismos para que la carrera profesional «sea más larga» y que haya «flexibilidad en las trayectorias laborales a través de ciertas edades», al tiempo que se ha mostrado convencido de que «con la edad de jubilación de 67 años el sistema es absolutamente sostenible».
Tras recordar que en España la edad de jubilación «legal y normal, dependiendo de sus años de cotización, está entre 64 y 66 años y transitará hasta los 67 años», ha considerado que ésta última es «más que suficiente».
«Ahora bien, después hay una decisión individual voluntaria de quien quiera trabajar más, lo puede hacer si su salud y sus preferencias personales se lo permiten, y eso lo vamos a incentivar», ha asegurado, aunque ha insistido en que no ve «necesario» mover la «barrera» de los 67 años. «Cuando hacemos las predicciones, el problema lo tenemos en los próximos 20 años, después vuelve a mejorar mucho la sostenibilidad del sistema porque ya tenemos generaciones de tamaño similar», ha añadido.
Por otro lado, ha remarcado que su propuesta de elevar en 0,6 puntos las cotizaciones sociales no pone en peligro la creación de empleo y ha asegurado que «el problema de creación de empleo no es un problema de nivel salarial necesariamente» porque «los salarios importan en la medida en que uno tiene que competir con sus socios de referencia».
«Pero también niveles salariales significativos y, esto es una discusión que podríamos tener sobre el SMI, ayuda a los procesos de automatización, ayuda a los procesos de innovación y si no, nos atenemos a que los países donde hay menor tasa de desempleo en Europa son los países con salarios con diferencia más alto, hay un problema de productividad, de competitividad, es complejo, pero el componente del coste laboral hay que mirarlo controlando todos los elementos existentes», ha afirmado.
REFORMA LABORAL
En relación a la reforma laboral, se ha mostrado optimista porque se está «trabajando muy bien» en las mesas de negociación con los distintos temas y ha reconocido que es un tema «complejo» porque se trata de «una reforma ambiciosa» en el ámbito de la negociación colectiva, de la contratación.
Tras señalar que reducir la temporalidad es algo «muy importante», ha afirmado que también se trata de introducir «algo que ha funcionado muy bien», que son los ERTEs, los mecanismos de flexibilidad interna que eviten que los trabajadores «transiten por el desempleo» y que, además, se puedan formar durante los periodos de inactividad.
Según ha apuntado, la pandemia ha sido un «banco de pruebas» y estas medidas han «funcionado muy bien». «Lo que tenemos que hacer, entre todos, es que ese marco de referencia se convierta en un marco permanente ante cualquier tipo de situación, a nivel de empresa, de sector e incluso con carácter sistémico. Ojalá que no ocurra nunca más, pero hemos aprendido mucho de la pandemia y de ese aprendizaje tenemos que sacar lecciones a futuro», ha agregado.
