El exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que requiera nuevamente a la petrolera venezolana PDVSA la documentación que le fue solicitada en un auto de 17 de noviembre de 2020 y en la que basa su acusación.
En un escrito del pasado 11 de noviembre, la representación de Alvarado Ochoa ha insistido en lo que consideran una «gravísima ocultación» por parte de PDVSA, que está «privando» a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la «documentación esencial para la debida tramitación del procedimiento».
En la primera pieza de esta causa, Tardón investiga una querella formulada por PDVSA contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español y los previos para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.
La querella se dirige contra el propio Ochoa Alvarado y también contra los ex responsables de compras de PDVSA Alfonzo Eliézer Graviña y José Luis Ramos Castillo; el ex gerente de compras en la filial Bariven Christian Maldonado Barillas; Rafael Reiter Muñoz, considerado ‘mano derecha’ del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez; y contra varios miembros de la familia Rincón y otros empresarios petroleros.
En concreto, PDVSA apunta a la existencia de una «organización criminal» formada por diversas personas y un entramado empresarial que habría llevado a cabo «diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito» que al menos en parte se habría blanqueado en España mediante la compra de inmuebles y la creación de sociedades.
PDVSA FALTÓ «CLAMOROSAMENTE A LA VERDAD»
Pero Alvarado Ochoa, señalado por la petrolera venezolana, insiste en que la empresa no ha aportado la documentación sobre la que «dice mantener su acusación» un año después de que le fuera requerida. En concreto, recuerda que la querella se refiere a un total de «2.640 operaciones de compra en las que se afirma que participó el señor Ochoa» pero que no han sido facilitadas en su totalidad.
Dichas operaciones, sobre las que se formula la «acción penal frente al mismo», deberían estar incluidas en el USB aportado por PDVSA. Con todo, Alvarado Ochoa asegura que, del total de 2.640, únicamente han aportado 14.
Es por eso que la defensa del ex viceministro venezolano critica ahora que la petrolera faltase «clamorosamente a la verdad bajo el paraguas» de un USB «con múltiples documentos» con el que «pretende ocultar» al juzgado «que no está aportando» los papeles que «le fueron requeridos».
En esta línea, y aunque recuerdan que «no sería necesario dado el carácter imperativo del auto de 17 de noviembre de 2020 y el palmario incumplimiento del mismo por parte de PDVSA», la representación de Alvarado Ochoa insiste en «poner de manifiesto» cuál fue el proceso de compras llevado en la filial Bariven.
En el escrito, su letrado transcribe literalmente el relato «detallado y prolijo» de Alvarado con relación a las compras, «proceso del que se deriva el carácter absolutamente necesario para la presente instrucción de contar con todas las Actas del Comité de Operaciones y de la Junta Directiva de PDVSA relativas a las 2.640 operaciones de compra».
OTRAS DOS PIEZAS
Fue el pasado mes de noviembre cuando la juez de la Audiencia Nacional decidió dividir la causa referida a la petrolera venezolana en tres piezas separadas para agilizar las pesquisas y debido a la «complejidad» de las mismas.
En la segunda pieza, Tardón indagará en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a «fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela», como Corpoelec.
En este caso, la denuncia señalaba al exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, su mujer Milagros Coromoto Torres y José Trinidad Márquez y Katilin Miguelina Mijares, así como a diversas personas jurídicas vinculadas a ellos.
En la tercera pieza, la juez investigará los hechos recogidos en un informe de octubre de 2018 firmado por la UDEF que señala la existencia de «una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales» que habría sido realizada por Villalobos para lavar «fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude» en PDVSA.
La operativa, que habría beneficiado a Villalobos, al exasesor legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta y al presidente de Globovisión Raúl Gorrín, partiría de una supuesta inversión del ex viceministro en una SICAV de Malta por la que habría recibido un reembolso parcial mediante participaciones en una empresa española con importantes activos inmobiliarios, Columbus One, y la cesión de un derecho de cobro sobre la misma de más de 6 millones de dólares.
