La Comisión de Hacienda y Función Pública votará este lunes el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que finalmente obligará a las administraciones a convocar por concurso, y no oposición, plazas de carácter estructural que hayan estado ocupadas por interinos durante al menos cinco años.
El proyecto de ley tiene origen en el decreto ley acordado por el entonces ministro de Función Pública y hoy de Cultura, Miquel Iceta, con los sindicatos de la Administración, y se salvó de la derogación a última hora por un acuerdo del PSOE con Unidas Podemos y Esquerra Republicana.
Finalmente, el texto que la Comisión de Hacienda votará y elevará al Pleno –tiene competencia legislativa plena pero el Congreso aprobó su avocación al Pleno, que tendrá la última palabra sobre la ley y sus enmiendas– prevé mayores garantías para los trabajadores interinos con más experiencia.
Las plazas cubiertas con trabajadores con contrato temporal durante, al menos, los últimos cinco años deberán ser consolidadas en un concurso de mérito, y a partir de los tres años a través de concurso y oposición, dando la opción de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios.
Además, las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas, como era la intención original del Ministerio.
Por otro lado, los cambios introducidos en el Congreso también permitirán extender estos procesos explícitamente a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público.
También se modifica la disposición transitoria que aborda los procesos de 2017 y 2018, que deberán estar resueltas antes de que acabe el año 2024, pero se elimina la referencia explícita a que «seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias».
