CCOO, UGT, CEOE y Cepyme han trasladado este miércoles al Gobierno su rechazo a la propuesta que ha realizado el Gobierno sobre el mecanismo que sustituirá, de manera permanente, a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones especiales.
El llamado ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’ permitirá a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, como en los ERTE, con beneficios en cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias.
Según han informado fuentes sindicales, durante la reunión que ha celebrado este miércoles la mesa de reforma laboral, los agentes sociales en pleno se han opuesto a la propuesta que les había presentado previamente el Gobierno sobre el Mecanismo RED.
«Le hemos pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta, que en este caso sólo ha servido para ralentizar este proceso, en el que deberíamos ser más ágiles para llegar a un acuerdo», han indicado fuentes de UGT, que echan en falta un «compromiso claro» de mantenimiento del empleo para las empresas que recurran a los nuevos ERTE, cosa que, a su juicio, sí se tiene ahora en la legislación sobre los ERTE de pandemia.
El sindicato ha pedido al Gobierno una mayor intervención, control y seguimiento de las organizaciones sindicales tanto en la negociación del ERTE como en la fase de ejecución, y aunque ve adecuado trasladar a la legislación laboral ordinaria un diseño similar al de los ERTE Covid, «no comparte que se quiera regular situaciones estructurales con mecanismos coyunturales».
«Nos oponemos a cualquier intento de introducir, aunque sea tímidamente, la mochila austriaca, porque entendemos que abarata el despido (…) Nos oponemos a que esto pudiera ser una antesala del despido (…) Ante procesos de reconversión generalizada, las decisiones del Consejo de Ministros deberían venir acompañadas de un proceso previo de negociación, en el que estemos los agentes sociales», subrayan las fuentes de UGT.
Fuentes de la CEOE, por su parte, han indicado que la propuesta del Gobierno es «más restrictiva, más intervencionista» y más cara para las empresas que el modelo vigente actualmente. «Esta situación complica la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo social», han admitido las mismas fuentes.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresaba esta mañana su «sorpresa» ante la procedencia de esta medida desde el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, y mostraba su rechazo al documento del Gobierno.
«Está lleno de intervencionismo y no está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la ‘flexiseguridad’ para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar», ha dicho el presidente de la patronal a los medios en el V Acto Empresarial por el Corredor del Mediterráneo.
Garamendi ha explicado que este documento «farragoso», de 30 páginas, les fue remitido por el Ejecutivo el pasado sábado. La CEOE sostiene que el planteamiento del Gobierno sobre los ERTE «no va en la buena dirección», ya que introduce «más burocracia y más costes» para las empresas.
En este sentido, ha advertido de que si se introducen más costes para las empresas, éstas «no se van a acoger a este sistema».
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO
De acuerdo con la propuesta del Gobierno, el Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.
Según la propuesta, el Ministerio de Asuntos Económicos será el que establezca «parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores, que determinen una presunción de las causas de activación».
El Gobierno planteaba también en su documento que el Mecanismo RED tenga una duración máxima de doce meses en caso de existir acuerdo en el periodo de consultas y de seis meses en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. En el supuesto del Mecanismo RED por causas estructurales podrán solicitarse un máximo de dos prórrogas, de seis meses cada una.
Se proponía además que el periodo temporal de referencia y el porcentaje de reducción de jornada sean idénticos para todos los trabajadores afectados de un mismo centro de trabajo, aunque se permitían fijar distintos porcentajes de reducción de jornada o un número distinto de días máximos de suspensión, en función de los grupos profesionales, funciones o puestos de trabajo cuando hubiera causas justificativas «debidamente acreditadas».
En el ámbito del Mecanismo RED por causas estructurales, el Gobierno planteaba incorporar un plan de recolocación para los afectados que tendría que incluir medidas específicas de formación y orientación profesional, atención personalizada a la persona afectada y búsqueda activa de empleo.
Las empresas que contraten a trabajadores afectados por el Mecanismo RED de carácter estructural a través de contratos indefinidos, incluido los fijos-discontinuos, tendrían derecho a una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un periodo de 6 meses.
La reducción de jornada aplicable en el Mecanismo RED podría ser de entre un 10% y un 70%, según la propuesta, y mientras esté vigente ésta o la suspensión de contratos no podrán realizarse horas extraordinarias, nuevas contrataciones ni nuevas externalizaciones de actividad.
El Gobierno planteaba además que las empresas autorizadas a aplicar un Mecanismo RED podrían beneficiarse de exoneraciones en las cotizaciones siempre que desarrollen acciones formativas a favor de las personas afectadas, y podrán recibir al mismo tiempo un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada, que irá desde los 320 euros por persona a 425 euros, en función del número de trabajadores.
Estas acciones formativas serían obligatorias en el Mecanismo RED por causas estructurales. Si se incumplieran dichas obligaciones, las empresas deberán reintegrar el importe de las exenciones. Asimismo, los beneficios en materia de cotización se condicionaban al mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados durante seis meses.
Los trabajadores afectados por un Mecanismo RED tendrían derecho a una prestación del 70% de la base reguladora, incompatible con prestaciones o subsidios por desempleo, pero compatible con un trabajo a tiempo parcial. El tiempo de percepción no se consideraría como consumido para la protección por desempleo, aunque no tendría la consideración de periodo cotizado.
La propuesta del Ejecutivo implica la creación de un fondo para sufragar estos nuevos ERTE, al estilo del Fondo de Reserva de las pensiones.
Dicho fondo, adscrito al Ministerio de Trabajo, tendría por objetivo atender las necesidades futuras de financiación en materia de prestaciones para los trabajadores, exenciones de cuotas empresariales y gastos de formación derivadas de las dos nuevas modalidades de ERTE que implicará la creación del Mecanismo RED: la cíclica y la estructural.
