El Grupo de Universidades G-9 se ha mostrado «muy crítico» este viernes con los anteproyectos de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de Convivencia universitaria, al entender que cada modificación que se plantea «aleja más» a la universidad española del sistema europeo y sus objetivos de profesionalización de la gestión, mejora de la financiación y flexibilización tanto en la contratación como en su labor investigadora.
Además, las universidades exigen líneas singulares en los fondos europeos Next Generation para «no disolverse» en convocatorias genéricas y lograr que estas instituciones puedan actuar como «tractoras» de la recuperación tras la pandemia. En ese sentido, junto a líneas de investigación, desde el G-9 reclaman otras específicas que permitan abordar los retos de las universidades para disponer de infraestructuras sostenibles y avanzar en la transformación digital.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el rector de la Universidad de Oviedo y presidente de turno del G-9, Ignacio Villaverde, que ha comparecido junto a los rectores de las universidades de La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Navarra y Zaragoza. No pudo acudir la rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, que intervino por videoconferencia en la reunión de la Asamblea General celebrada en el Edificio Histórico, la primera presencial tras la fase más dura de la pandemia.
Según explicó Villaverde, el G-9 trasladará sus posiciones sobre los anteproyectos y los fondos europeos a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para que exponga estas reivindicaciones como órgano interlocutor con el Ejecutivo central con el objetivo de que sus demandas sean atendidas para garantizar el futuro de las universidades, en tanto que generadoras «de conocimiento» y «tractoras» del desarrollo económico y social.
Por otra parte, las universidades se han adherido al proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contribuir con sus investigaciones al desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos que permitan universalizar la protección frente al coronavirus.
DECLARACIÓN EN FAVOR DE LA SOCIEDAD AFGANA
Asimismo, las universidades que integran el G-9 han firmado una declaración en favor de la sociedad afgana en la que se ponen a disposición del Gobierno de España para contribuir a la acogida de refugiados.
En el texto inciden en que forma parte de la historia y sentido de las universidades, como instituciones públicas dedicadas al conocimiento, «estar cerca siempre de los más desfavorecidos y contribuir, siquiera modestamente, a la lucha contra las injusticias».
Entre sus propuestas se incluyen cursos de español a través de los centros de idiomas, promover ante el Ministerio de Universidades la necesidad urgente de flexibilizar los procesos de acceso a las universidades españolas de los refugiados o establecer vías de contacto con universidades afganas, ya sea a través de la embajada o de otros refugiados que estén en España.
El G-9 muestra, igualmente, su «más enérgica repulsa a la prohibición de que las mujeres afganas accedan a la Universidad». «Este hecho es un gravísimo atentado a la dignidad, a la libertad y a los más elementales derechos humanos de las niñas y mujeres afganas», remarcan.
