La reducción de los porcentajes mínimos de formación en empresas y que esta formación sea remunerada, son algunas de las propuestas que han presentado los grupos parlamentarios en las enmiendas al proyecto de ley de FP.
Desde Cs proponen que la fase de formación en la empresa en la FP de régimen general tenga una duración mínima del 20% (y no del 25% como propone el Gobierno), mientras que en la FP de régimen intensivo piden que la estancia en la empresa sea superior que lo que establece el Gobierno, es decir, de al menos un 40% (en lugar de 35%).
También ERC ha registrado enmiendas dirigidas a este punto. En su caso, lo que piden es que en la FP de régimen general, la fase de formación en la empresa tenga una duración mínima del 15% en lugar del 25%, una medida que también ha registrado Unidas Podemos.
Del mismo modo, Junts ha propuesto cambios en este sentido: que la formación en la empresa para la FP general sea de entre el 20% y el 25% (y no entre el 25% y el 35%) y que asuman el 15% del currículo (no el 20%), mientras que en la FP intensiva, quieren, al igual que Cs, que la duración de la formación en empresa sea superior al 40%.
Esta reducción de la formación en la empresa va a más según las enmiendas registradas por partidos como Unidas Podemos o BNG, que directamente quieren que se elimine el carácter dual de la FP.
Por ejemplo, los del PDeCAT pretenden que la FP de régimen general no sea dual y solo lo sea, por tanto, la FP de régimen intensivo. Así pues, también piden reducciones en los porcentajes de la formación en empresas: en la FP de régimen general, que no quieren que sea dual, proponen una duración de las prácticas de entre el 20% y el 25% y en el intensivo, que sí quieren que sea dual, que la formación sea superior al 40%.
Igualmente, los ‘morados’ quieren que se elimine la consideración de dual, pero en su caso para toda la formación C, D y E por «la realidad productiva, laboral y empresarial» de España. «No es posible convertir todos los ciclos de FP en duales y asegurar, al mismo tiempo, una educación profesional pública, completa, comprensiva de calidad y basada más en los derechos tanto de formación como laborales, de alumnado y trabajadores que, en los intereses económicos y productivos de las empresas, que es lo que prima con este cambio de modelo».
El BNG, por su parte, busca que se suprima en el proyecto de ley todo lo relacionado con el carácter dual de la FP porque consideran que «la FP inicial actual ya es dual» y porque, tal y como está concebida en el proyecto, según esta formación, «implica una privatización de la FP y un control de la empresa sobre la formación que no le corresponde».
Hay otras formaciones que, si bien, no mencionan la eliminación del carácter dual de la FP, sí reclaman que el periodo de prácticas en empresas esté remunerado.
Teruel Existe, por ejemplo, propone que para la FP de régimen general, las empresas, durante el periodo de formación práctica, puedan subvencionar los gastos de transporte y comedor, así como que proporcionen una ayuda para el material de estudio, mientras que el PNV directamente sugiere que, dentro del régimen intensivo de la FP, que según el proyecto normativo ya está remunerado, la retribución al alumno sea de, al menos, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
En la misma línea se ha manifestado Compromís, que sugiere que la fase de formación en la empresa tenga carácter remunerado a cargo de las empresas mediante un contrato formativo y que la empresa deberá asegurar como mínimo la cotización a la Seguridad Social del alumno y cubrir todos los gastos en que deba incurrir el alumno para el ejercicio de su formación práctica, especialmente los derivados del transporte hasta el centro de trabajo y la manutención.
Asimismo, Cs ha dejado reflejado en sus enmiendas su petición de que los alumnos puedan recibir remuneración en las prácticas si éstas se realizan en el ámbito de las Administraciones Públicas y que el alumno tendrá derecho a una beca de movilidad para poder trasladarse al centro de prácticas y al centro educativo.
OTRAS PROPUESTAS
Otras propuestas que se observan de las enmiendas, son la reserva de un 5% de las plazas a aquellos estudiantes con un grado de discapacidad del 33% o deportistas de alto nivel.
Junts, por su lado, pide que se impulse la creación de la Titulación Universitaria ‘Grado en Formación Profesional’, de atribución exclusivamente docente y que se podrá obtener mediante convalidación desde las titulaciones de Maestría Industrial, Técnico Especialista y Técnico Superior. Y también ha establecido unas ratios específicas para cada ciclo: 15 alumnos en los ciclos de Formación Profesional básica, 20 en la de grado medio y 20 en grado superior.
Por otro lado, Más País-Equo han registrado varias enmiendas con el objetivo de que la ley plasme que las administraciones públicas garantizarán un número suficiente de plazas públicas. También el PSOE junto con Unidas Podemos han presentado enmiendas conjuntas para que quede reflejado en la ley una «oferta pública diversificada y suficiente» de plazas públicas.
Las enmiendas de Vox se resumen en la modificación, o directamente supresión, de todos aquellos apartados que hablan de fomentar o promover la igualdad de género, así como a eliminar el lenguaje inclusivo del proyecto normativo, por ejemplo, sustituyendo términos como «personas trabajadoras» por «trabajadores». Y partidos como ERC, PNV o EH Bildu han registrado enmiendas para hacer cambios en el articulado por lo que consideran invasión de competencias.
