Izquierda Unida ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que impute al Partido Popular como persona jurídica en la pieza 9 de ‘Púnica’ al considerar que desde el seno de la formación se impulsaron «estrategias y mecanismos de elusión del control público» y que llevaban a la comisión «de una multiplicidad de hechos colectivos».
Según ha informado el partido, en el escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 también se solicita la ampliación de seis meses del periodo de instrucción, que termina este mes de octubre al considerar que «aún quedan diligencias por practicar e innumerables aspectos del objeto de esta causa por esclarecer».
Desde Izquierda Unida insisten en que todavía quedan por dilucidar numerosos asuntos «que deberán ser investigados en el curso de los próximos meses mediante la práctica de nuevas diligencias de prueba hasta llegar a aclarar la existencia de una ‘caja B’ de dinero opaco en el PP madrileño». Todo ello en el marco de la pieza 9, relativa a la presunta financiación ilícita del partido en la Comunidad de Madrid.
La formación que lidera Alberto Garzón sostiene que la imputación del partido de Pablo Casado está justificada «por las decisiones tomadas por varios de sus principales dirigentes en la Comunidad de Madrid». «Lo hicieron para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad», denuncian.
YA LO SOLICITÓ EN 2017, 2018 Y 2019
Así, y tras recordar que ya solicitaron la declaración del PP como persona jurídica en 2017, 2018 y 2019, IU incide en que desde el partido no se tomó «ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas».
Para IU, que ejerce la acusación popular, «resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos».
«Más aún cuando tenemos conocimiento de quien de manera directa ha podido realizar tales actuaciones, el secretario general del PP de Madrid (Ignacio González), el gerente del partido (Beltrán Gutiérrez) o la presidenta del PP de Madrid (Esperanza Aguirre)», todos ellos imputados ya en esta causa», recuerdan.
POCAS DUDAS SOBRE LA «FALTA DE CONTROL INTERNO»
Adicionalmente, Izquierda Unida considera que hay pocas dudas «de la absoluta falta de control interno que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña».
Se trata, según recoge el escrito, de «una auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo del PP, partido que por otra parte no habría reflejado dichos ingresos a la contabilidad y haciendas públicas». Para IU, este modo de actuar «debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el Partido Popular se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión».
Por último, IU critica al magistrado de la Audiencia Nacional señalando que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tuvo que corregirle «el pasado verano también en esta investigación, como ya había hecho en otras, y obligarle a reactivar esta investigación sobre el desvío de fondos al PP desde distintas empresas y entes, entre ellos la agencia pública de informática ICM con la supuesta colaboración de Indra».
