El Gobierno aún no ha aplicado el cumplimiento efectivo de la rebaja de alquileres de los comercios en los aeropuertos presente en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de octubre, de cumplimiento automático tras dicha publicación.
Así se desprende de una pregunta registrada este lunes por el senador del grupo parlamentario nacionalista Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, Fernando Clavijo Battle, que cuestiona al Ejecutivo sobre cuándo prevé encomendar a Aena el cumplimiento efectivo de la disposición final séptima, relativa a la modificación de los contratos de arrendamiento.
La enmienda se aprobó el 23 de septiembre con los votos a favor de PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Junts y Nueva Canarias. Mientras, el PSOE, que en el Senado rechazó esta rebaja, asumió la derrota y optó finalmente por la abstención, al igual que su socio de Gobierno, Unidas Podemos.
Concretamente, la enmienda modifica las obligaciones contractuales de los locales comerciales con Aena, eximiendo del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período comprendido entre el 15 de marzo al 20 de junio de 2020.
A partir de entonces, esa renta mínima garantizada que debe pagar el local quedará reducida proporcionalmente en función del volumen de pasajeros en el aeropuerto en el que se encuentre respecto al tráfico aéreo registrado en 2019.
En este sentido, Aena ha aclarado que esta modificación no afectará a su derecho a exigir el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en los diferentes locales.
PÉRDIDAS DE 1.500 MILLONES DE EUROS
Aena sostenía que la aprobación de la enmienda en el Congreso supondría una «una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa» y prevé una reducción de 1.500 millones de euros en los cobros de ingresos comerciales a lo largo del periodo 2020-2025.
Fuentes jurídicas de Aena afirmaron que la enmienda «priva de la tutela judicial a quien sale perjudicado», el operador nacional, «que tendría que renunciar, por imperativo legal, a los acuerdos alcanzados o las resoluciones judiciales favorables, a costa de sus accionistas, entre los que figura el Estado español».
Asimismo, insistió en que desde el primer momento ha buscado acuerdos con sus inquilinos y les ha ofrecido rebajas por valor de 800 millones de euros, mejorando las condiciones exigidas por el Real Decreto Ley 35/2020.
