Los sindicatos UGT y CCOO han pedido elaborar una Ley integral de derechos de las personas mayores que les proteja en los ámbitos de salud, vivienda y económico, entre otros, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este viernes 1 de octubre.
«Es muy importante iniciar un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores. Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio», subrayan los sindicatos en un manifiesto que han registrado en el Congreso.
Los sindicatos UGT y CCOO comienzan el manifiesto haciendo un recuerdo para las miles de personas fallecidas por coronavirus, la mayoría de ellas mayores.
«La pandemia ha sido especialmente cruel con nuestro colectivo, sin duda el más castigado por la virulencia de la pandemia, solo en las residencias de mayores se ha producido un desastroso impacto que ha segado más de 30.000 vidas, hoy seguimos manteniendo nuestra creencia de que muchas de estas vidas se podían haber salvado», subrayan.
En este sentido, siguen «planteando la necesidad de investigar judicialmente lo ocurrido» en el colectivo de las personas mayores durante la pandemia «y la exigencia de responsabilidades de quienes debían de haber tomado las decisiones necesarias para evitar el brutal resultado provocado por la inacción o acción errónea política y sanitaria durante la pandemia en este ámbito».
DISCRIMINADAS Y EXCLUIDAS
Para CCOO y UGT, las personas mayores, a pesar de contribuir desde diferentes ámbitos al desarrollo económico y social, siguen siendo «discriminadas y excluidas de la sociedad».
«Debemos superar definitivamente el edadismo, superar prejuicios, para obtener una población más activa social y económicamente, una sociedad que se sienta protegida y que se le permita envejecer de la forma más saludable posible», subrayan.
También piden facilidades para que las personas mayores puedan cumplir su deseo de envejecer en sus casas, mejorando la accesibilidad de las viviendas –alrededor de 5 millones de edificios no cuentan con ascensor–; y asegurando la atención domiciliaria a quienes lo necesiten.
Para ello, emplazan a los asistentes sociales pertenecientes a las respectivas consejerías de servicios sociales o administraciones locales a valorar las situaciones personales y sociales de las personas usuarias, y no las empresas que actualmente prestan estos servicios.
Igualmente, subrayan la importancia de seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones y de incrementar las pensiones más bajas pues, según precisan, un 25,64% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo del nivel de pobreza relativa.
En este sentido, consideran que el último acuerdo es «muy importante» pues «se elimina el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas anuales al 0,25%, se elimina el factor de sostenibilidad, mejorando las pensiones de futuras generaciones de pensionistas y reforzando el pacto intergeneracional» y «el Estado asume los mal denominados gastos impropios de la Seguridad Social».
Asimismo, los sindicatos aseguran que se seguirán movilizando contra la pobreza energética, «pues el precio de la luz es desorbitado». Por ello, piden que se implanten medidas específicas para la población más vulnerable, ampliar y reforzar el bono social para las personas vulnerables, extender el plazo de moratoria a los cortes de luz o aplicar una tarifa más baja para un consumo mínimo vital en los primeros KWh consumidos.
