El PSOE y Unidas Podemos llegan divididos a la recta final de la reforma de la cadena alimentaria, que este miércoles llega a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación para celebrar sus votaciones decisivas, ante las dudas del PSOE sobre cómo regular la prohibición de la venta a pérdidas.
Y es que, según han informado diferentes formaciones parlamentarias, la principal formación de Gobierno, que ostenta la cartera de Agricultura y, por tanto, el peso de las negociaciones con los grupos, se ha desmarcado de una propuesta propia para regular esta prohibición.
Esta propuesta, acordada entre el PSOE y Unidas Podemos, había sido presentada en julio a la oposición, encontrando el respaldo de, al menos, ERC, EH-Bildu y Compromís, una mayoría suficiente para sacar adelante la reforma.
LA ENMIENDA PROHIBÍA LA VENTA A PÉRDIDA AL PÚBLICO
La enmienda, recoge la obligación de cada operador a pagar al operador inmediatamente anterior «un precio igual o superior al coste efectivo de producción», siendo el coste efectivo de producción «uno de los factores de referencia» para fijar el precio.
También impide aplicar u ofertar un precio de venta al público de un alimento o producto alimenticio inferior al precio real de adquisición, a excepción de aquellas ventas de alimentos y productos perecederos en fecha próxima a su inutilización.
Sin embargo, hace días el PSOE se desmarcó de esta redacción, alegando dudas sobre su viabilidad, sin presentar hasta este martes una alternativa a los grupos. Según informan fuentes parlamentarias, desde el PSOE han esgrimido un posible conflicto competencial que atañe al pequeño comercio.
Desde el PSOE han declinado en varias ocasiones hacer valoraciones sobre esta cuestión, posponiendo toda valoración a la Comisión de Agricultura prevista para este miércoles. A ella llegan ‘vivas’ todas las enmiendas presentadas por los grupos a esta iniciativa, ya que en la ponencia decidieron no votar ninguna y llevarlas a Comisión.
La regulación de la venta a pérdidas es uno de los aspectos clave de la reforma, ya que era una de las principales reivindicaciones de las asociaciones agrarias durante las protestas iniciadas a principios del año pasado, únicamente paralizadas al estallar la pandemia de Covid-19.
EL SECTOR PIDE EXTENDER LA VENTA A PÉRDIDAS A TODA LA CADENA
Es más, este mismo martes organizaciones de toda la cadena agroalimentaria han remitido a los grupos una carta para pedir la extensión de la prohibición de la venta a pérdidas a todos los eslabones de la cadena.
La carta, viene firmada por las asociaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y Cooperativas agroalimentarias, pero también la patronal Asedas, que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, entre otras, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la patronal Promarca.
Estas organizaciones piden que la trasposición de la directiva de prácticas comerciales permita «desarrollar una regulación más coherente y que dé seguridad jurídica a los operadores en relación con la destrucción del valor en la cadena en este sector».
En este sentido, señalan que conocen que el Congreso «valora la introducción de extender la prohibición venta a pérdida en todos los eslabones de la cadena, incluido el de la venta final» y, por ello, piden el apoyo de los grupos «a favor de la introducción de esta medida en el actual proyecto de ley».
EL PP VE NECESARIO CAMBIAR LA LEY DE COMERCIO MINORISTA
Desde el PP comparten las dudas sobre esta redacción, ya que la ven contraria a la propia Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y solo ven posible aplicarla a través de una reforma de la misma. Así, ven «inaplicable», según trasladan de este esta formación, la prohibición propuesta.
Asimismo, recuerdan una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre que la prohibición de la venta a pérdidas, con carácter general, excede lo establecido en la normativa comunitaria y que España ya ha sido condenada por ello, obligando a modificar la citada Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
LA OPOSICIÓN FRENÓ AL GOBIERNO ANTES DE VERANO
Es la segunda vez que el Gobierno trata de aprobar esta reforma que la oposición ya frenó en el anterior período de sesiones. Y es que en julio la Comisión de Agricultura pospuso para septiembre la aprobación de una iniciativa que acumula ya diez meses en la Cámara.
Tras una ronda de comparecencias de expertos y meses de prórrogas por desacuerdos, el PSOE y Unidas Podemos quisieron enviar la reforma al Senado con apenas una reunión de ponencia, pero la oposición rechazó ese acelerón de última hora y prefirió esperar.
El intento de PSOE y Unidas Podemos (un representante cada uno en la Mesa) no bastaron contra los del PP (dos representantes) y el PNV (su diputado Joseba Agirretxea preside la Comisión).
Esta reforma, que llegó al Congreso en noviembre de 2020 tras ser aprobada por el Consejo de Ministros como proyecto de ley, busca completar las medidas de urgencia aprobadas vía decreto ley a principios de 2020, tras las protestas en el campo, en reivindicación por unos precios justos.
