La reciente reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán centrará las preguntas que el PP y Vox dirigirán al Ejecutivo en el Pleno de control en el Congreso de este miércoles, al que no asistirá el presidente, Pedro Sánchez, por estar de viaje en Estados Unidos, ni varios de sus ministros.
Así, el PP plantará sendas preguntas a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Isabel Rodríguez. «¿Avala el ministro la comisión de delitos como método democrático legítimo para sentar al Gobierno en una mesa independentista de negociación?», reza la pregunta que la portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, formulará a Bolaños.
Y su compañero de filas Vicente Betoret quiere que la portavoz del Gobierno aclare «qué negocia el Gobierno en esa mesa que no se pueda debatir en el Parlamento».
Tanto Bolaños como Rodríguez fueron dos de los ministros que integraron la delegación del Gobierno que acudió la semana pasada al segundo encuentro de la mesa de diálogo sobre Cataluña que encabezaron los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès.
También Vox registró dos preguntas sobre la reunión de la mesa de Cataluña, pero dirigidas a las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Pero el Ejecutivo, que es quien decide cuál de sus integrantes responde a las preguntas de la oposición, ha preferido que las contesten Bolaños y Rodríguez.
Así, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, preguntará al ministro de Presidencia su opinión sobre el hecho de que en Barcelona se retirara la bandera española antes de la comparecencia de Aragonès», y su ‘número dos’, Macarena Olona, debatirá con la Portavoz del Gobierno sobre si apoyará la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como exigen los independentistas.
Y después de las preguntas, el PP defenderá una moción, consecuencia de la interpelación que formuló el pasado miércoles a la titular de Política Territorial, con la que busca que el Congreso inste al Gobierno a reconocer que el «inviable jurídica y políticamente, ahora y en el futuro, cualquier referéndum de autodeterminación que se pueda promover por parte de la Generalitat».
También aspira a que el Gobierno declare un «compromiso inquebrantable» con la Constitución y la igualdad de los españoles, y que se comprometa a que la mesa de diálogo «no tenga ningún efecto jurídico» y a circunscribir su relación institucional con la Generalitat a lo previsto en la Carta Magna y el Estatut.
