El proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el que el Gobierno busca sacar de la factura de la luz, ha superado este lunes en el Pleno del Congreso su primera votación en su tramitación parlamentaria.
Así, la Cámara Baja ha rechazado las enmiendas de totalidad defendidas por Vox y el BNG, que trataban de tumbar la reforma y devolver el proyecto al Gobierno. Asimismo, el Gobierno y sus socios han rechazado la pretensión del PDeCAT de que el proyecto tenga que pasar por el Pleno del Congreso antes de ser aprobado de forma definitiva.
Al contar con competencia legislativa plena, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde PSOE y Unidas Podemos cuentan con una mayoría más cómoda, puede aprobar la reforma sin necesidad de pasar por el Pleno de la Cámara.
Este fondo, al que deberán aportar todos los operadores energéticos en función de su volumen de negocio, deberá financiar parte de los costes fijos de la factura de la luz, concretamente las retribuciones de las primeras instalaciones renovables, cogeneración y residuos (Recore), conocidas como las primas a las renovables.
El planteamiento del Gobierno es que ese fondo asuma graudalmente, y en un período de cinco años, estos cargos fijos del sistema eléctrico que actualmente se incluyen en los peajes de acceso de la factura eléctrica.
RIBERA DEFIENDE «REDISTRIBUIR» LOS COSTES
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido este mecanismo para «redistribuir» estos cargos en todo el sector, ya que se extiende al gasístico y al petrolero, dentro de una estrategia de descarbonización, y con un régimen de exenciones y compensaciones, incluida la industria electrointensiva.
Esta medida, ha asegurado Ribera, junto con el recorte a los ingresos de las eléctricas por su explotación de centrales nucleares e hidráulicas –otra iniciativa en tramitación en el Congreso–, puede recortar un 15% el coste del consumo de electricidad en las economías domésticas.
VOX Y BNG ASUMEN QUE SE TRASLADARÁN A LOS CONSUMIDORES
En la defensa de sus enmiendas, tanto Vox como el BNG han dado por hecho que el aumento de costes para las eléctricas y demás operadores energéticos se trasladará a los consumidores. Es más, Néstor Rego (BNG), ha mostrado su disposición a apoyar el fondo, siempre y cuando vaya acompañado de mecanismos que imposibiliten el traslado de costes.
Por su parte, Mireia Borrás (Vox) ha advertido de que las exenciones previstas no son suficientes, que el aumento de los costes energéticos redundará en una pérdida de competitividad de las empresas, y que las ayudas son susceptibles de impugnación por constituir ayudas de Estado, restringidas en la Unión Europea.
UN FONDO YA PLANTEADO POR EL GRUPO DE EXPERTOS EN AÑOS DE RAJOY
Durante el debate parlamentario, el ‘popular’ Juan Diego Requena ha rechazado que pueda abaratarse la factura de la luz pues, aun reduciendo algo el coste, anticipa un aumento de otros suministros, pero es que además no estaría en pleno funcionamiento hasta 2025.
Varios grupos han recordado que este fondo fue contemplado por una comisión de expertos impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y formaciones como Unidas Podemos, Cs o el PNV han dado su visto bueno para aliviar los cargos de la factura.
BENEFICIO SÍ, ESTAFA NO
Eso sí, han exigido medidas adicionales, ya sea en la parte impositiva como en el funcionamiento del mercado, aspecto en el que han incidido tanto el grupo confederal como ERC y EH-Bildu: «Nuestra paciencia se ha agotado», ha clamado Oskar Matute (Bildu), lamentando la falta de intervención pública.
Desmarcándose de la apuesta de Unidas Podemos por una empresa pública, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha pedido aprovechar la renovación de concesiones en centrales hidráulicas para imponer márgenes de beneficios racionales. «No digo que no puedan obtener beneficios, lo que no pueden hacer es estafar», ha esgrimido.
