Los reportes por delitos digitales en los que está implicado un menor crecieron diariamente un 449% durante el periodo del estado de alarma, llegando durante el confinamiento «más duro» en España a una subida del 730%, según explica la Fiscalía en el informe de su Memoria Anual de 2020.
En dicho documento, el órgano que dirige Dolores Delgado, muestra las cifras que el Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil recibió del Centro Nacional para niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
Según explica, tras la declaración del estado de alarma se incrementaron los reportes diarios en un 449%, es decir, pasaron de 105 al día a 578. Además, registró una progresión similar en la detección de otras de las vías habituales de descarga e intercambio de pornografía infantil a través de redes P2P y en las conexiones a la red TOR con idéntico objetivo.
La Fiscalía achaca esta progresión de las conductas que atentan contra la libertad e indemnidad sexual de los menores y en concreto, el acoso on-line con fines de carácter sexual y para la elaboración ydistribución de material pornográfico, a «la utilización masiva, permanente y generalizada» de los niños de las herramientas digitales debido a la situación de confinamiento, incluida, la actividad escolar.
Esto, «unido a la intrínseca vulnerabilidad derivada de su edad, acrecienta sustancialmente su situación de riesgo en las redes, lo que afecta indudablemente a su futuro desarrollo y evolución por las acciones ilícitas realizadas por depredadores sexuales», advierte el órgano en su informe.
RÉGIMEN DE VISITAS A MENORES
En la línea de preocupación que genera esta situación, que también se ha registrado en otros países, se ha realizado la propuesta europea de creación de un Centro contra la explotación sexual de los menores, en el que, indica la Fiscalía, ya se está trabajando, y respecto al cual el propio organismo ha hecho «algunas aportaciones».
No ha sido el único aspecto relacionado con los menores que destaca la Fiscalía en su Memoria de 2020. En dicho documento se señala la situación vivida en relación a los conflictos surgidos con los menores que conviven con uno solo de los progenitores, derivados «de la inseguridad y desconcierto» que se generó en el periodo de confinamiento por la inviabilidad de las visitas del progenitor no custodio y por la situación de cierre de los Puntos de Encuentro.
Tal y como recuerda el texto, los dos primeros meses desde la promulgación del estado de alarma y en el ámbito de familia, la actividad quedó limitada a los servicios esenciales, y solo se despacharon las causas urgentes relativas a situaciones de grave riesgo de menores.
Finalmente, esta situación se solucionó al aprobarse el decreto de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA
Aún así, la Fiscalía ha indicado que este cauce procedimental ha sido utilizado «en muy escasas ocasiones» ya que, «en la mayoría de los supuestos» las partes «llegaran a un acuerdo en el sistema de compensación» en cuanto a las visitas y siempre «atendiendo al interés del menor» y «no a la compensación aritmética en sentido estricto».
De igual manera, la Fiscalía relata cómo este procedimiento no resultó efectivo respecto a la pretensión de modificación de las medidas económicas por cambio de las circunstancias que fueron llegando por la paralización de la actividad económica del país y, fundamentalmente, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este extremo es constante en exigir que el cambio de las condiciones sea duradero.
De este modo, no se podía justificar al no haber transcurrido el tiempo suficiente y porque la naturaleza de dicha pretensión exige una acreditación y valoración documental poco compatible con una vista.
MENORES EN CENTROS DE REFORMA
Por otra parte, la Memoria de la Unidad Especializada deMenores pone el foco en el comportamiento «ejemplar» de los menores internos en centros de reforma durante el confinamiento, pese a que, recuerda la Fiscalía, estuvieron privados de salidas tanto en régimen cerrado como semiabierto, paliándose mediante el abono de estos días y el adelanto de su conversión en libertades vigiladas.
La promesa de tales beneficios como se propugnó desde la Unidad contribuyó al buen comportamiento y responsabilidad de los internos durante este periodo, apunta el informe, que señala que los incidentes en este entorno fueron «puntuales» y «aislados». En este sentido, señala la «problemática» vivida por «la fuga de menores de los centros de protección y de sus domicilios particulares».
