El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, el inicio de los trámites necesarios para solicitar al Estado el traspaso a la Comunidad de las competencias en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas superficiales y subterráneas que discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad.
De forma que correspondería a la Comunidad la administración y control del dominio público hidráulico (que corresponde a la CHS) y de los aprovechamientos de interés general. Según fuentes de la Consejería de Agua, el objetivo es «tener las competencias del organismo de cuenca ante su inacción para impedir los vertidos que se están produciendo por las diferentes ramblas y cauces, principalmente del Albujón, al Mar Menor, controlando igualmente los regadíos ilegales y aportar así los datos».
Así lo ha avanzado este jueves en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la portavoz del Ejecutivo regional, Valle Miguélez, que ha explicado que el objetivo de esta medida es «hacer efectivo lo contemplado en el artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y permitirá a la Comunidad asumir la gestión de los cauces, ramblas y escorrentías cuyas aguas vierten en la cuenca del Mar Menor.
De esta forma, Miguélez ha subrayado que para iniciar este proceso «se realizará una solicitud formal ante el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio para la Transición Ecológica». El consejero Luengo ha comentado que la ministra «es perfectamente conocedora de la solicitud de las competencias para que no se retrasen más las actuaciones».
Ese traspaso en materia de cuencas intracomunitarias permitirá a la Comunidad asumir las competencias que corresponden a los organismos de cuenca. En concreto, corresponderían a la administración hidráulica de la Comunidad la elaboración, seguimiento y revisión del plan de cuenca intracomunitario; las funciones administrativas relativas a la conservación y a la policía de las aguas y sus cauces; y el apeo y deslinde de los cauces.
Además de la determinación del régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos de esa cuenca interna; la limitación temporal del uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional; la declaración de sobreexplotación de los acuíferos subterráneos; la realización de ofertas públicas de adquisición de derechos de uso en los bancos de agua legalmente autorizados; y la protección de aguas subterráneas frente a intrusiones salinas de origen continental o marítimo.
Así como la intervención en las instalaciones de depuración de aguas residuales; la promoción de la protección de zonas húmedas; y la gestión y la recaudación, en su caso, de todas las exacciones (impuestos, multas, deudas) relativas al dominio público hidráulico.
Salvo que se trate de obras y actuaciones de interés general del Estado, a la Comunidad le incumben también las competencias para el otorgamiento de concesiones y aprovechamientos, así como la inspección y vigilancia del cumplimiento de sus condiciones, la autorización de contratos de cesión de derechos de aprovechamientos y de investigación de aguas subterráneas; el otorgamiento, la renovación o la modificación de autorizaciones de vertido; la imposición y revisión de las servidumbres forzosas previstas en la Ley; y la potestad sancionadora en infracciones leves y menos graves.
Para iniciar este proceso de traspaso de competencias, el Gobierno regional realizará la solicitud formal correspondiente ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De este acuerdo se dará cuenta a la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Región de Murcia, órgano en el que se deben acordar las condiciones del traspaso de esas nuevas competencias para la Comunidad.
EL MAR MENOR «NO PUEDE ESPERAR»
Por su parte, Luengo ha advertido que la situación es «crítica» y ha pedido que se adopten medidas al respecto, entre ellas que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cese cualquier tipo de regadío ilegal, y que paren los vertidos a la rambla del Albujón. Además de la necesidad de poner en marcha el proyecto del Colector Norte y la desnitrificadora, actuaciones recogidas en el Plan de Vertido 0, y la creación de un alto comisionado que coordine las actuaciones.
«Estamos en un momento muy delicado, se prevén días de calma con ese aumento de temperaturas registradas este verano y se podría desatar un episodio como el que se vivían estas últimas semanas», ha manifestado Luengo, que ha dejado claro que el Ejecutivo murciano «no puede esperar y tiene diseñada la estrategia, actuaciones definidas», porque, ha dicho, «no hay tiempo» para poner en marcha la nueva estrategia anunciada este miércoles por la ministra Teresa Ribera.
De hecho, ha anunciado que este viernes el Consejo de Gobierno extraordinario «aprobará el decreto ley anunciado por el presidente murciano, Fernando López Miras, que tiene objetivo prohibir cualquier tipo de entrada con nutrientes al Mar Menor a través de las diferentes ramblas», principalmente en el Albujón.
Un marco jurídico que garantice este extremo y la agilización, ha precisado, «en cuanto a la disminución de los plazos en los procedimientos administrativos para ganar en eficacia en la norma y conseguir mayor agilidad, sobre todo en los procedimientos sancionadores».
Apuesta por llevar a cabo actuaciones «a corto plazo, que están definidas y consensuadas con toda al comunidad científica y hay que ejecutarlas de forma inminente».
Y es que, dice, «podría ser que nos encontráramos ante un nuevo episodio de anoxia y sin ninguna medida para llevar a cabo esa oxigenación del agua, ya que es un nuevo escenario que no sabemos como puede acabar y todo apunta que acabará de una forma totalmente negativa».
Luengo ha confesado que ve con buenos ojos el trabajo «conjunto» entre sendas administraciones, pero «hoy necesitamos que el Estado actúe de una forma inminente, porque el Mar Menor no tiene espera».
También ha pedido al Gobierno de la nación que «se asesore bien» y «la rectificación de la ministra portavoz del Gobierno de España».
Lamenta que la visita de Ribera «no se hubiera hecho antes», porque de haber sido así «podría haber tenido datos suficientes y hacer una valoración exacta de la importancia de llevar a cabo una declaración de catastrófica».
Preguntado sobre las declaraciones de la ministra de «enterrar» el Plan de Vertido 0, espera que no se lleve a cabo, «porque sería catastrófico para el Mar Menor». Recuerda que en su encuentro con el presidente murciano, le trasladaba la necesidad de «poner en marcha las actuaciones 5, 6 y 9 de dicho plan».
