Ciudadanos ha celebrado que la instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad contable en los gastos de las ‘embajadas’ catalanas en el exterior aprecie indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados, asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), para afianzar los 5,4 millones de euros que el tribunal les reclama.
«Gran noticia: se aleja la impunidad para el bolsillo de los condenados separatistas. Esta decisión y la denuncia de Cs en la Fiscalía estrechan el cerco», ha dicho en un mensaje en Twitter el vicesecretario general de la formación naranja y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.
Entre quienes se acogieron al fondo del ICF, están los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, que fue condenado por el Tribunal Supremo en el juicio por el proceso independentista de 2017 en Cataluña.
LAS INSTITUCIONES FUNCIONAN AUNQUE SÁNCHEZ «BUSQUE DESLEGITIMARLAS»
Bal se ha congratulado de que en España «el Estado de derecho funciona», aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «busque deslegitimar a las instituciones que cumplen su función constitucional», en referencia al Tribunal de Cuentas.
En el mismo sentido se ha pronunciado el líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, que ha subrayado que «los avales del Govern para librar a los condenados de la malversación son ilegales» y, «por más que el separatismo intente evitarlo, en España las instituciones funcionan y quien la hace la paga».
Además, Carrizosa se ha mostrado convencido de que también la Fiscalía investigará este asunto tras la denuncia que Cs presentó el viernes pasado ante la Fiscalía contra la Junta de Gobierno del ICF y contra el Ejecutivo catalán.
Ante las dudas «sobre suficiencia y legalidad» que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF, se ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.
Concretamente, se pregunta a los servicios jurídicos del Estado si estos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, ya que se asumen por la propia Administración autonómica perjudicada.
Esto es precisamente lo que argumenta Cs para concluir que los avales del Instituto Catalán de Finanzas son ilegales y «un disparate absoluto». Según indicó Bal la semana pasada, «es impensable e imposible que la propia Administración autonómica que resulta lesionada por el uso de unos fondos para cometer delitos pueda avalar el daño que esas personas han cometido contra ella misma».
