La Fiscalía de Área de Gijón solicita una condena de cinco años de prisión para un acusado de estafar más de 210.000 euros a la suegra de su hermana. La vista oral está señalada para este jueves, 22 de julio, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.00 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado convenció a la víctima, a la que unía una relación de confianza ya que era hermano de su nuera, y además le hacía desde hacía años la declaración de la renta, para que abriera tres cuentas bancarias para, a través de Internet, llevar a cabo la compra y venta de acciones y otros productos financieros, y el traspaso entre ellas el dinero obtenido de dichas operaciones.
Según el relato fiscal, la víctima tenía plena confianza en el acusado, al que consideraba una persona seria y mucho más capacitada que ella en el ámbito financiero. La víctima no solo accedió a la apertura de las cuentas siguiendo las indicaciones del acusado, sino que, basándose en la ausencia absoluta de dudas sobre la integridad del mismo, le facilitó las claves precisas para que él pudiera invertir su dinero por Internet.
El acusado comenzó a realizar la compra y venta de productos financieros en nombre de la víctima, viendo con el paso del tiempo que la mujer ejercía un nulo control sobre sus operaciones y que se daba por satisfecha con la información verbal que le suministraba. Así, decidió abusar de la facilidad que le reportaba su posición para enriquecerse.
De esta forma, el acusado solicitó la emisión de dos tarjetas de crédito en nombre de la víctima, sin su conocimiento, y pidió vía Internet tres préstamos, entre febrero y mayo de 2017: el primero, por importe de 24.000 euros; el segundo, por 19.000 euros; y el tercero, por importe de 18.000 euros. Para la concesión de estos préstamos no se exigía ni firma ni presentar documentación alguna, al considerar la entidad bancaria al supuesto solicitante un cliente solvente.
A partir de ahí, el acusado, desde enero de 2017 a mayo de 2018, sirviéndose de las tarjetas y de las claves que poseía para operar con las cuentas, realizó traspasos de dinero, extrajo dinero en cajeros, efectuó pagos y compras, todo ello por importe de 210.695 euros, hasta vaciar progresivamente las cuentas.
El descubierto que esto generó y el que no se pudiera hacer frente a los pagos de los préstamos provocó que la entidad bancaria se pusiera en contacto con la víctima, que hasta ese momento desconocía lo que estaba sucediendo.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita que se condene al acusado a 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 10 meses, con una cuota diaria de 30 euros y una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con 210.695 euros, más los intereses legales correspondientes y el abono de las costas procesales.
