La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha enviado al juez a cargo del caso ‘Neurona’, en el marco de la investigación sobre la Caja de Solidaridad de Podemos, un informe en el que concluye que Pablo Echenique ordenó tres transferencias por un importe total de 30.000 euros de la cuenta bancaria de la formación ‘morada’ a la de la Asociación 404 Comunicación Popular. El partido pide el archivo porque en el análisis de los investigadores «no se aprecia irregularidad alguna».
En el documento, los agentes han precisado que como apoderados de la cuenta bancaria del partido figuraban el tesorero del partido, Daniel de Frutos, y Echenique -que en ese momento era secretario de organización– y que este último fue quien ordenó los pagos que investiga el magistrado Juan José Escalonilla.
El informe de la UDEF llega a la causa luego de que el juez reactivara la investigación el pasado marzo por orden de la Audiencia Provincial de Madrid que, en una resolución que respondía a los recursos de Vox y ProLege –acusaciones populares en la causa– ordenó seguir investigando «hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad».
La investigación parte, en concreto, de uno de los hechos presuntamente ilícitos que mencionó el exabogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019 contra el partido y de la que nació el caso ‘Neurona’.
TRANSFERENCIA DE 30.000 EUROS
Los investigadores han explicado en su informe que el estudio y análisis de la cuenta bancaria de la Asociación 404 Comunicación Popular «se enmarca dentro de una horquilla temporal que comprende desde la fecha del 4 de septiembre de 2019 hasta la fecha del 17 de marzo de 2021» y que en dicho periodo constan los pagos aportados por Podemos.
Según han señalado, en dicho periodo la agrupación recibió abonos totales por un importe de 34.468,25 euros a través de 43 movimientos; de esa cifra 30.000 corresponden a las tres transferencias que la UDEF atribuye a Echenique.
El resto de aportaciones –han precisado los agentes– proviene de pagos realizados, entre otros, por la presidenta y el vicepresidente de la asociación, así como de la diputada del Grupo Confederal de Unidas Podemos Ana Marcello. «La mayoría de los abonos corresponden a excepción de los de mayor importe con aportaciones de las cuotas de los socios», han indicado.
Los investigadores también han reflejado en su informe los gastos realizados por la Asociación 404 Comunicación Popular. Han acreditado que corresponden a pagos de arrendamiento, trabajos de impresión, compra de material fotográfico y vuelos comerciales, entre otros.
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid había pedido a la unidad de la Policía que se le informara sobre la identidad de las personas autorizadas para disponer de la cuenta de la asociación, así como la relación de las transferencias recibidas procedentes del partido en el periodo anteriormente señalado.
PODEMOS PIDE EL ARCHIVO
En respuesta al documento aportado por los agentes, Podemos ha presentado un escrito en el que pide el archivo de las pesquisas al considerar que de lo investigado «no se aprecia irregularidad alguna y se confirma que el destino de los fondos tiene su justificación directa en la realización de actividades de la asociación».
«Como puede comprobarse en el informe de la UDEF, que contiene incluso conversaciones privadas de whatsapp y correos electrónicos sin que a esta parte le conste, ni en el informe ni en el procedimiento, autorización judicial para intervenir tales comunicaciones ni autorización o consentimiento de ninguno de los intervinientes en esas conversaciones, todos los gastos tienen como finalidad la de proporcionar los medios técnicos y materiales para llevar a cabo su actividad asociativa de comunicación y visibilización de colectivos sociales», ha señalado la formación.
En este sentido, el partido ha insistido en que «no hay pagos ni a Rafael Mayoral –secretario de relación con la sociedad civil y movimientos sociales– ni a ningún otro miembro», que «todas las operaciones han sido verificadas con transferencia bancaria» y que los fondos «han sido destinados a las actividades de la asociación».
PETICIÓN DE FISCALÍA
Recientemente, la Fiscalía pidió al juez que llamara a declarar a los responsables de la agrupación «a fin de acreditar a qué se dedica la asociación y el destino de los 30.000 euros que consta acreditado que recibieron de Podemos». Queda pendiente que el instructor resuelva si accede o no a la solicitud.
Esta petición del Ministerio Público tuvo lugar después de que la exsenadora de Podemos Celia Cánovas requiriera al magistrado instructor que citara en calidad de testigos de hasta 10 colaboradores de la asociación para esclarecer los ingresos realizados por parte de la formación ‘morada’ de fondos supuestamente procedentes de la Caja de Solidaridad del partido.
