La secretaria de Vivienda de Podemos, Alejandra Jacinto, confía en que la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, impulse la regulación del precio del alquiler y la declaración de áreas tensionadas, como propició en su municipio.
Así lo ha trasladado en un mensaje en Twitter con una información sobre la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Gavà, que dirigía la nueva ministra, de aprobar una solicitud al Área Metropolitana de Barcelona para que declarara a la localidad como área de mercado tensionado, en función de la ley catalana que permite limitar los precios de los alquileres.
«Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà, es nueva ministra. Como alcaldesa declaró su municipio área tensionada y reguló el precio de los alquileres. Ahora, tiene la oportunidad de extender la medida al resto del estado con la Ley de Vivienda», ha desgranado Jacinto en su comentario en redes.
Por su parte, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos, Javier Palomera, también ha destacado que la nueva ministra encargada de impulsar la Ley de Vivienda «aprobó hace pocas semanas que Gavà siga regulando el precio del alquiler durante 5 años».
«Confiamos en que será consecuente y no cederá a las presiones de los fondos buitre. Toca blindar y extender la regulación vigente», ha reivindicado también en Twitter.
RETOS DE LA NUEVA MINISTRA
La nueva titular de Transportes tendrá como reto negociar con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la que será la primera Ley de Vivienda de la democracia española, además de impulsar la movilidad sostenible en el transporte.
El hasta hoy ministro José Luis Ábalos abandona el cargo sin haber podido sacar adelante la Ley de Vivienda por la falta de consenso con Unidas Podemos sobre la forma más conveniente de limitar los precios del alquiler.
La última propuesta presentada por Transportes recogía, entre otras cuestiones, que en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en zonas tensionadas, los alquileres podrán subir como máximo un 10% en comparación con el contrato anterior. Un planteamiento que para el socio de coalición es insuficiente y reclama medidas para poder bajar los precios del alquiler en base a índices de referencia.
