La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a tres personas como presuntas autoras de los delitos de prostitución y explotación sexual, contra la salud pública y otro de falsedad documental, que han finalizado con la realización de tres registros domiciliarios en El Puerto de Santa María, San Fernando y Chiclana.
Según detalla la Policía en una nota, las detenidas ejercían la dirección y el control de una casa de citas ubicada en Valdelagrana donde las víctimas vivían en situación de vulnerabilidad y en condiciones abusivas, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día y facilitar sustancias estupefacientes a los clientes.
Así, la Policía ha explicado que la investigación se inició en agosto de 2020 y, durante todo este tiempo, los agentes de la UCRIF han recabado pruebas incriminatorias sobre las personas encartadas. Fruto de las gestiones realizadas, el Juzgado de Instrucción número cuatro de El Puerto de Santa María autorizó, el pasado día 9 de junio, la entrada y registro de la casa de citas, en el domicilio habitual de la principal investigada en San Fernando y en un chalet que disponía para su ocio personal en Chiclana de la Frontera.
De hecho, en el momento de la entrada en la casa de citas, estaba en el interior la controladora durmiendo en el salón y dos chicas extranjeras en la primera planta. En el registro se intervino diversa documentación sobre ganancias, contabilidad, facturas, 4.100 euros en efectivo, 17 teléfonos móviles y cocaína que facilitaban y ofrecían a los clientes, por lo que han sido también acusadas de un delito contra la salud pública.
La Policía ha afirmado que la principal cabecilla, de origen brasileño pero nacionalizada española y residente en San Fernando, alquiló una vivienda unifamiliar en Valdelagrana y que, con la ayuda de otra mujer que ejercía las labores de controladora, a la cual pagaba un sueldo fijo al mes, emprendió un negocio muy lucrativo gracias a los beneficios de la prostitución ajena.
De esta forma, la cabecilla se dio de alta con régimen especial de autónoma en una empresa ficticia de mensajería y reparto, incurriendo en un delito de falsedad documental además del correspondiente expediente sancionador por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Del mismo modo, la Policía ha relatado que, a través de 15 líneas telefónicas, ofrecían servicios sexuales en distintas páginas web. Las chicas que ejercían la prostitución en la casa, además, son extranjeras, algunas en situación irregular, sin posibilidad de encontrar trabajo en España, por lo que se ven obligadas a realizar tal actividad en condiciones abusivas tales como estar disponibles las 24 horas del día, no negarse a realizar ningún servicio que se le ofreciere y acudir a domicilios de clientes u hoteles.
La Policía ha asegurado que el control por parte de la dueña del negocio de la prostitución era evidente y, junto con su empleada controladora de la actividad, eran las que exclusivamente recepcionaban todas las llamadas de los 15 terminales telefónicos, cerrando las citas y precios con los clientes, pasando a dar instrucciones y órdenes a las chicas que ejercían la prostitución, las cuales estaban obligadas a realizar el servicio sexual en cualquier hora y lugar.
Además, ha explicado que, a la finalización del servicio, el cliente pagaba siempre a la controladora de las chicas, nunca directamente a éstas, y que cada cierto tiempo las investigadas entregaban parte de las ganancias a las chicas, que tenían que contribuir al pago del alquiler de la casa de citas.
Por último, la Policía ha explicado que la controladora tenía instalada su cama en el salón de la vivienda para la apertura de la puerta a clientes y para permitir el acceso a los dormitorios ubicados en la primera planta. El salón, además, contaba con circuito de video vigilancia con cámaras que graban a todas las personas que accedían a la casa de citas, incluidas las que allí viven habitualmente.
La investigación se ha enmarcado dentro del Plan Policial Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que tiene como víctimas principales a personas que son traídas a España mediante engaño, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajos dignos para, finalmente, ser obligadas bajo amenazas al ejercicio de la prostitución.
