La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Rusia de Sergei Tarasov, reclamado por un delito de estafa, al considerar que existe un «temor racional y fundado» a que su derecho a un juicio justo sea vulnerado a causa de las «presiones políticas» que podrían sufrir los jueces de su caso debido a «las relaciones de poder» existentes en su país.
Tarasov fue detenido en diciembre de 2020 en Barcelona en virtud de una orden internacional de captura emitida por un juzgado moscovita como presunto miembro de un grupo criminal que entre octubre y noviembre de 2013 falsificó documentos mercantiles para lograr fraudulentamente el control de determinadas sociedades y hacerse con un importante patrimonio inmobiliario.
En la vista de extradición celebrada el pasado 10 de junio en la Audiencia Nacional, Tarasov explicó que su caso adquirió connotaciones políticas cuando se vio implicado Georgi Shuppe, yerno del empresario y opositor ruso Boris Berezovski, el cual fue hallado muerto en 2013 en su casa de Londres, donde vivía asilado. Según contó, tenía miedo a la mafia porque su jefe y su compañero fueron asesinados y él recibió una paliza con un bate de béisbol y fue atacado con un arma de fuego.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha apreciado esta vertiente política de la causa al tener en cuenta dos resoluciones adoptadas por jueces de Reino Unidos e Italia que denegaron también la extradición a Rusia de dos hombres por hechos similares a los atribuidos a Tarasov, uno de ellos Shuppe, cuya entrega fue rechazada por el Tribunal de Magistrados de Westminster.
La Sala, han indicado los magistrados españoles, no puede obviar «la situación de peligro que se crea para el respeto de los derechos fundamentales de la persona reclamada, derivado tanto de las relaciones de poder existentes entre determinados miembros y grupos de poder de Rusia, como de la vulnerabilidad a las posibles presiones políticas de los jueces que hubieran de decidir en el caso, cuestiones ambas que ponen en tensión el derecho a un juicio con todas las garantías».
Los jueces han relacionado este contexto general con las declaraciones realizadas por Tarasov en la vista oral sobre las irregularidades que han rodeado el proceso judicial en Rusia y sobre su situación particular en el seno del mismo, destacando en concreto que expresó su temor a sufrir represalias si regresaba a Rusia.
En este sentido, la defensa denunció que algunos investigados en ese caso una vez en Moscú pasaron a ser testigos protegidos mediante una confesión forzosa. «Existen indicios racionales de que pueda haber sometimiento a torturas con la finalidad de conseguir lo que se pretende», dijo el abogado de Tarasov.
Todo ello –las resoluciones judiciales, la declaración de Tarasov, las «incongruencias procesales» y «la existencia de relaciones que desbordan el marco procesal»– sustentaría «ese temor racional y fundado de vulneración de derechos fundamentales del reclamado en caso de entrega», ha razonado la Sección Tercera.
RECHAZA EL ARGUMENTO DE LA FISCALÍA
De esta forma, se ha desmarcado del criterio de la Fiscalía, que abogaba por enviar a Tarasov a Rusia argumentando que los motivos esgrimidos por los tribunales británico e italiano no son aplicables a este caso porque, «a diferencia de los anteriores, el aquí reclamado ostenta una posición subordinada en el grupo criminal, lo que hace que un presunto interés político en su persona quede difuminado».
La Sala, en cambio, cree que el Ministerio Público no ha valorado «la cuestión que resulta esencial en el fundamento de la denegación de la extradición solicitada de los copartícipes en los hechos, que es la de la tensión que se considera inaceptable por ambos tribunales del derecho fundamental del acusado a un juicio justo».
Este derecho, ha sostenido la Audiencia Nacional, no solo es fundamental en el derecho europeo sino también en el español, recodando en esta línea que «son múltiples los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia extradicional respecto de la obligación de garantía de los tribunales españoles ante eventuales situaciones de riesgo para tales derechos».
INMUEBLES POR 99 MILLONES DE EUROS
De acuerdo con la tesis rusa, el grupo empresarial para el que trabajaría Tarasov se apoderó irregularmente de mercantiles que ostentaban la propiedad de hasta 21 inmuebles valorados en 9.000 millones de rublos, 99 millones de euros al cambio.
Según el escrito de acusación, esto habría sido posible gracias a la intervención de Tarasov, que como empleado del grupo empresarial dirigido por Mineyev A.A. tenía acceso a la documentación de las compañías que lo integraban.
En un proceso de ampliación de las sociedades que poseían dichos inmuebles, se cambió al director general de cada una, con lo que Mineyev A.A. acabó perdiendo su patrimonio inmobiliario. Cuando éste se dio cuenta y quiso emprender acciones legales fue asesinado en enero de 2014.
