La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido «medidas urgentes» para «atajar los problemas» de acceso a los servicios bancarios para «una gran parte de la población».
En un comunicado, la organización ha considerado que los servicios bancarios son «esenciales» y ha expuesto algunos de los resultados de una encuesta realizada en la que se recogen «las dificultades reales a las que se enfrentan los usuarios».
Concretamente, el 58% de los encuestados indica que presta ayuda a algún familiar, amigo o conocido mayor para realizar operaciones bancarias online porque está persona no es capaz de hacerlo, según indica OCU. En este sentido, hay dos variables que influyen: la edad, y el nivel educativo, es decir, los menores de 60 y quienes tienen mayor nivel educativo son quienes más ayudarían.
Sobre los problemas habituales que más han experimentado la mayoría de los usuarios, se encuentra el no poder realizar una gestión presencial –como pagar recibos–, con un 59% de los casos, porque «en ese día o en ese horario no se ofrecía atención en ventanilla para esa gestión».
Otro de los problemas que destacan los usuarios en la encuesta de OCU es el de tener que pagar por realizar una gestión bancaria de manera presencial que anteriormente era gratuita, lo que le ha ocurrido al 40% de los usuarios.
Por otro lado, el 35% de los encuestados ha tenido que acudir a una oficina más lejana de lo que solía ser habitual dentro de su propia localidad. OCU destaca, sin embargo, que uno de cada diez usuarios ha tenido que desplazarse a otras localidades para llevar a cabo gestiones financieras. «Esta situación afecta principalmente a quienes residen en áreas rurales», con una proporción de uno de cada cuatro usuarios afectados, según los datos destacados por la organización.
Por ello, OCU considera que los servicios financieros «son servicios esenciales y todos los ciudadanos tienen derecho a ellos en condiciones de calidad, con independencia de su lugar de residencia, o conocimientos informáticos».
Así, ha instado al Gobierno a trabajar en un marco legislativo que ayude «a acabar con la exclusión financiera de las personas más vulnerables».
