Los grupos en el Gobierno, PNV y PSE, han aprobado este jueves, con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, la ley de medidas para la gestión de la pandemia de la covid-19, también llamada Ley antipandemia, que quiere «dotar de seguridad jurídica» a las medidas que apruebe el Gobierno autonómico para hacer frente a la covid-19. El texto establece cinco niveles de alerta, con restricciones específicas para cada uno de ellos, y un régimen sancionador con multas de entre 100 y 600.000 euros.
El pleno de la Cámara vasca ha debatido la nueva norma, tramitada por el procedimiento de urgencia, que ha sido rechazada por EH Bildu, PP+Cs y Vox. La nueva ley tiene como base la proposición de ley presentada por los grupos en el gobierno, y aunque su aprobación estaba garantizada gracias a la mayoría que suman PNV y PSE en la Cámara, estos grupos han alcanzado un acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU y el texto incluye 62 de sus enmiendas.
Esta ley pretende dar una respuesta, en el ámbito de las competencias vascas, «adaptada a las circunstancias concretas actuales de la pandemia por la covid-19» con el objetivo de «dotar de seguridad jurídica» a las medidas que adopte el Gobierno para contener la pandemia, y evitar situaciones como la que se produjo cuando el TSJPV anuló el cierre de la hostelería en los municipios con elevada incidencia de covid-19, que había sido decretado por el Ejecutivo autonómico.
La norma se estructura en seis títulos, que incorporan las disposiciones generales, la regulación de la situación de emergencia sanitaria, la ordenación de las organizaciones y sistemas públicos de protección, el sistema integral de información de salud para la gestión de la emergencia sanitaria, las medidas generales y específicas para cada uno de los cinco niveles de alerta y el régimen sancionador.
Además, establece que cada 15 días, el Gobierno Vasco comparecerá en el Parlamento para informar de la situación de la pandemia y de la aplicación de las medidas previstas, así como sobre la incidencia de las medidas en las relaciones sociales y la estrategia para «compensarlas».
USO DE MASCARILLAS
El artículo 20 que regula el uso obligatorio de mascarillas ha sido criticado por los grupos de la oposición, ya que el Gobierno central ha decidido que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia, desde el próximo 26 de junio.
La ley vasca aprobada este jueves establece que será obligatorio el uso de la mascarilla para las personas mayores de seis años, «con independencia de la distancia interpersonal, tanto cuando se esté en la vía pública y en espacios al aire libre, como cuando se esté en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público y se pueda concurrir en el mismo espacio con otras personas».
También incluye una serie de excepciones en las que se puede prescindir de ella y que el Departamento de Salud podrá eximir del uso de mascarilla para actividades sectoriales específicas, que podrán sujetarse a la realización de pruebas diagnósticas previas o a la acreditación de la inmunidad adquirida de los participantes por medio de un certificado médico, que aseguren que no son susceptibles de contagiarse entre sí.
El texto, que incluye un régimen sancionador con multas de entre 100 y 600.000 euros, establece tres estadios y cinco niveles de alerta, para cada uno de los cuales fija una serie de medidas preventivas que afectan a la movilidad nocturna, movilidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, limitaciones de aforo en establecimientos y actividades, restricción de horarios en hostelería y restauración, entre otras.
En el caso del ‘nivel 1’ de alerta, el más bajo –en tasas de incidencia en 14 días superiores a 1 e inferiores a 300 casos por cada 100.000 habitantes– se determina que se acordarán «medidas circunstanciales de restricción de la movilidad nocturna», que habrán de respetar lo previsto en la declaración del estado de alarma, es decir, equivalentes al ‘toque de queda –entre las 23.00 y las 6.00 horas–.
Asimismo, se prevé la posibilidad de «valorar, en su caso», la activación o desactivación de las restricciones de movilidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se fija el aforo de establecimientos y actividades en un 75% y las reuniones sociales no podrán superar el número de 35 personas en espacios cerrados.
En el caso del ‘nivel 5’ de alerta, el más alto –con tasas de incidencia superiores a 500 casos por cada 100.000 habitantes–, se intensificarán las medidas de restricción de la movilidad nocturna o de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Además, se establece que se valorarán nuevas y «más eficaces» medidas de confinamiento individuales o para colectivos específicos, «previa justificación y autorización o ratificación judicial».
UN TEXTO PARA LA COVID-19
El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha defendido que esta ley se ha hecho ‘ad hoc’ para la pandemia de la covid-19 y su vigencia será «lo que dure esta pandemia». Además, espera dar «seguridad jurídica» a las medidas que se adopten «exprimiendo al máximo las competencias, sin romper el marco jurídico actual». «Para posteriores pandemias, contaremos con la Ley de Salud Pública, prevista en el calendario legislativo», ha recordado a la oposición.
La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha afirmado que el Parlamento ha aprobado una ley que nace «muerta, invalidada» porque está «desfasada y superada» y ha puesto como ejemplo que contemple la obligatoriedad del uso de las mascarillas.
«Dice que es una ley para responder a la covid-19 pero no sirve ni para eso. Este es el reflejo del modelo de gestión del Gobierno: tarde, tropezando con la misma piedra y actuando con unilateralidad», ha denunciado antes de advertir de que la pandemia «no ha acabado» y es necesario «poner en práctica lo aprendido» con medidas «estrictas» con «amparo jurídico».
El parlamentario del PSE Ekain Rico ha explicado que se trata de un ley concreta, para una situación concreta: la situación sanitaria generada por la covid-19, por lo que no será una norma «aplicable a cualquier situación pandémica» porque ha afirmado que cada emergencia sanitaria requiere de una respuesta específica. Además, ha explicado que han rechazado las enmiendas de EH Bildu y Vox porque eran ‘de facto’ una enmienda a la totalidad.
La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi ha defendido la necesidad de estar preparados para «futuros rebrotes y variantes» y cree que el acuerdo alcanzado para apoyar la ley ha conseguido que esta norma sea «mejor», aunque «llega tarde». «El no por el no de poco sirve. Hay que negociar, debatir y ser constructivas. Con la ley antipandemia lo hemos sido», ha asegurado y se ha mostrado dispuesta a «pelear y negociar» otras leyes que lleguen a la Cámara.
La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha criticado que el recorrido de esta ley va a ser «escaso y nulo», ya que su eficacia «es cuestionable y su aplicación puede ser inexistente, viendo el escenario de desescalada actual». Además, cree que el acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU estaba «blindado» y los grupos en el mismo han «tratado de vestir un acuerdo que se ha producido entre las alianzas que hay en Madrid y que también las quieren tener aquí».
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha destacado que habría presentado una enmienda a la totalidad si la ley se hubiera presentado por parte del Gobierno, ya que cree que la nueva norma es «inconstitucional» e «innecesaria». «Van a aprobar el uso obligatorio de mascarillas hasta en la terraza de su casa, justo el mismo día en el que el Gobierno español nos va a liberar de ellas en espacios públicos», ha afirmado.
