La Junta de Castilla y León ha decidido suspender por dos años las nuevas autorizaciones de salas de juego y apuestas en respuesta la «creciente preocupación social» derivada del incremento de los salones de juego y de las denuncias sobre el aumento de los problemas de adicción.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves el proyecto de decreto ley de suspensión de lo dispuesto en varios artículos de la Ley que regula el juego y las apuestas de Castilla y León, con el objetivo de paralizar la tramitación de nuevas licencias de apertura y salones de juego en la Comunidad por un periodo de 24 meses a partir de la entrada en vigor del decreto ley o hasta la entrada en vigor de la nueva ley, si ésta se produjera con anterioridad.
La norma será efectiva desde este viernes, 11 de junio, con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) pero deberá, no obstante, ser ratificada por las Cortes. Al respecto, Ibáñez ha avanzado que, previsiblemente, se debatirá en la sesión plenaria de los próximos 22 y 23 de junio.
«Con este decreto, la Junta da respuesta a una creciente preocupación social debido al incremento de los salones de juego y las denuncias sobre el aumento de los problemas de adicción que se ha producido desde la entrada en vigor del Reglamento regulador de las apuestas en la Comunidad Castilla y León, aprobado por Decreto 53/2014, de 23 de octubre, debido a la instalación de las denominadas zonas o córneres de apuestas dentro de estos establecimientos», ha precisado el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.
Según los datos aportados por la Junta, las autorizaciones han pasado de 47 salones de juego y de tres casas de apuestas existentes en 2015 a los 131 y 19 que hay en la actualidad, a lo que se suma que están en tramitación cinco expedientes de solicitud de autorización de instalación de salones de juego en la Comunidad de Castilla y León que no se verán afectados por la norma, puesto que esta no tiene carácter retroactivo.
No obstante, Ibáñez ha precisado que la moratoria de dos años no se debe a que haya «muchas o pocas» casas de apuestas, sino a la necesidad de mantener un «equilibrio» entre la seguridad jurídica para estas empresas, que cumplen con toda legalidad, y la protección a aquellas personas más vulnerables.
La Junta ha optado por legislar mediante decreto ley puesto que cree «urgente» adoptar una medida que suspenda temporalmente las nuevas solicitudes que se presenten para el otorgamiento de autorizaciones de instalación de los salones de juego y de las casas de apuestas para «atender sin demora» la protección de los derechos de los consumidores, la seguridad y salud de los consumidores, con especial atención a los menores y a los colectivos de jugadores que puedan requerir una especial atención, el orden público, la seguridad pública y la protección pública, y la lucha contra el fraude.
«Y todo ello, haciéndolo compatible con la seguridad jurídica que necesita el sector, que también se ha visto afectado por la crisis derivada de la pandemia», ha aclarado Ibáñez, quien también considera necesaria la aprobación del decreto ley para evitar que se vea frustrada la futura regulación por un «incremento excesivo» de solicitudes para este tipo de establecimientos.
MESA DEL JUEGO RESPONSABLE
Así, el Ibáñez ha explicado que reunió en la tarde de ayer a la Mesa del Juego Responsable de Castilla y León para poner en común las reuniones de trabajo que se han celebrado en las últimas semanas y dar cuenta de la intención del Gobierno autonómico de llevar a cabo la suspensión de las nuevas autorizaciones a salones de juego y apuestas en la Comunidad.
La Mesa del Juego Responsable, «órgano pionero en España», es un foro de debate para las futuras medidas reguladoras en la comunidad autónoma y su objetivo es proteger a menores, jóvenes y a las personas que forman parte de colectivos vulnerables, así como valorar a las empresas que crean riqueza y empleo en la comunidad autónoma, y que actúan responsablemente en su trabajo.
Además, busca combatir el juego problemático «desde la consideración de que son mayoría las personas que tienen en el juego una forma saludable de emplear su ocio y tiempo libre».
En la Mesa tienen representación todos los actores implicados en el sector como las consejería de la Presidencia, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad, la Delegación del Gobierno de Castilla y León y la Federación Castellano Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (FECYLJAR).
También están presentes los subsectores de la Industria del Juego en Castilla y León en los que participan: la Asociación del Bingo de Castilla y León, ASEOCYL (Asociación Regional de Empresas Operadoras y Asociaciones de Castilla y León), FAOCALE (Federación de Asociaciones de Empresas Operadoras de Castilla y León), ASECAL (Asociación Empresarial de Castilla y León de Juego Autorizado), SAJUCAL (Salas de Juegos de Castilla y León), y los tres casinos de Castilla y León (Valladolid, Salamanca y León); los sindicatos mayoritarios, en representación de los trabajadores del sector: UGT y CCOO; la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León; y CAVECAL, en representación de las Asociaciones de Vecinos de Castilla y León.
