Plena inclusión España se ha unido a las reivindicaciones de gran parte de las 935 asociaciones que la forman y ha lanzado un ‘SOS’ sobre la sostenibilidad de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Tal y como ha indicado la entidad, desde diferentes puntos del país se reclama a las administraciones públicas apoyo para el sostenimiento de sus 4.000 centros y servicios que atienden a 140.000 personas de este colectivo y a sus familias.
Como ejemplo, ha puesto las federaciones de Plena inclusión en Aragón y Andalucía. Ambas, señala, se han dirigido a sus respectivos gobiernos autonómicos para solicitar fondos que garanticen una sostenibilidad económica de servicios esenciales como centros de día, residenciales, educativos o especiales de empleo, que ofrecen apoyos fundamentales a miles de personas.
En el caso de Plena inclusión Aragón, las 40 entidades que la conforman demandan al Ejecutivo regional 900.000 euros como compensación a los sobrecostes asumidos durante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, ya que, explican, la entidad financió las medidas de prevención ante la pandemia.
«A ellos que hay sumar 500.000 más dejados de percibir por las plazas en reserva, y otros 700.000 euros por los atrasos en la aplicación de la subida de los conciertos de las plazas», ha advertido Plena Inclusión. En total, ha apuntado, son 2,1 millones de euros.
En cuanto a la entidad en Andalucía, han denunciado, junto al CERMI regional, la infrafinanciación endémica del sistema de apoyo a la dependencia. Así, han reivindicado ante la Junta una revisión de los costes que garantice la sostenibilidad de las organizaciones prestadoras de servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la comunidad.
A nivel estatal, Plena inclusión ha destacado la labor de sus organizaciones y espera que las administraciones autonómicas ofrezcan una respuesta satisfactoria a lo que consideran una «justa reclamación» del movimiento asociativo de la discapacidad.
¿DÓNDE ESTÁ EL PLAN DE CHOQUE?
El presidenta de la entidad, Santiago López, ha insistido en que «esta situación no se da solo en Aragón o Andalucía», sino en todo el territorio y, apunta que las organizaciones que pertenecen a Plena Inclusión han elevado la voz ahora «para visibilizar una situación crítica, respecto a la sostenibilidad de su actividad, que sufren muchas de ellas».
Ante esto, Plena inclusión quiere que el Ministerio de Derechos Sociales «acuda al rescate del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual o del desarrollo» y ha llamado al Ejecutivo a instar a las CCAA, en el marco del Consejo interterritorial, a que atiendan las demandas de sus asociaciones y que se facilite una memoria de impacto del Plan de Choque respecto del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD).
«Creemos que el Plan de Choque, anunciado por el Gobierno de Sánchez al inicio de este año debe sostener a quienes estamos en primera línea de la acción solidaria», ha apuntado López. En este sentido, ha recordado que, el entonces vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 20230, Pablo Iglesias, anunció en enero una partida de 600 millones de euros, acordada con los agentes sociales, destinada a reforzar el SAAD.
