El Pleno del Congreso se ha mostrado favorable este martes a tramitar una iniciativa del PSOE para modificar el Reglamento de la Cámara con el fin de regular las relaciones entre diputados y ‘lobbies’, aunque la mayoría de grupos parlamentarios ha denunciado la existencia de «incongruencias» en el texto de los socialistas y han anunciado enmiendas para corregir muchos de sus artículos.
El PSOE plantea crear un Registro de grupos de interés en la Cámara, que tendrá carácter público, un código de conducta para los ‘lobistas’ y la obligación de que los parlamentarios comuniquen el contenido de sus contactos con los grupos de interés, difundiéndose en todo caso la identidad de las personas que han intervenido en los mismos, la fecha y las materias tratadas.
En su defensa de la iniciativa, Julio Navalpotro ha señalado que es «ineludible» llenar el vacío legal existente en esta materia y se ha mostrado convencido de que esta reforma servirá para acercar la política a los ciudadanos. Además, ha dejado claro que el PSOE está «abierto» a «escuchar» propuestas para mejorar su «ambicioso» texto.
Navalpotro ha defendido la necesidad de contemplar sanciones ante los incumplimientos del Reglamento en este y otros puntos, por ejemplo, cuando sus señorías mientan en las declaraciones de bienes, actividades o intereses que presentan en la institución. Estos castigos podrían llegar, en función de su gravedad, a la retirada de cargos parlamentarios y de los complementos salariales que llevan aparejados.
Por boca de Ignacio Gil Lázaro, Vox ha justificado su voto en contra de la tramitación alegando, entre otras cosas, que la regulación que propone el PSOE no se sustenta en un marco general de la legislación española.
En la misma idea ha incidido Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, quien ha apostado por esperar a la reforma de la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno, y el ‘popular’ Pedro Navarro.»¿Por qué no se regula primero la obligación de Iván Redondo de decir con quién se reúne?», ha preguntado en referencia al jefe de gabinete del presidente del Gobierno.
UNA DEFINICIÓN ABSURDA
También se han escuchado muchas pegas a la definición de grupo de influencia que propone el PSOE, «absurda» para Vox porque obligaría a registrarse a cualquier asociación que quiera trasladar su opinión sobre una iniciativa a un diputado aunque sea de forma coyuntural.
En la misma idea han incidido Jon Iñarritu, de EH Bildu; Ana Oramas, de Coalición Canaria, o Néstor Rego, del BNG, quien ha denunciado que «se trate igual a Repsol que una plataforma de jubilados». Hasta desde Unidas Podemos se han oído críticas a este punto y su diputado Gerardo Pisarello ha pedido categorizar los distintos grupos de interés.
El diputado de Junts Josep Pagès y el peneuvista Mikel Legarda han avisado de que esa regulación puede suponer una «barrera» para que las asociaciones pequeñas puedan llegar hasta los diputados y ser «escuchadas de manera directa». Legarda ha descalificado el texto por estar plagado de «incongruencias graves y rigideces» que, a su juicio, deben ser revisadas para no aprobar una regulación «gatopardesca».
De su lado, Vox y la diputada de ERC Pilar Vallugera han cargado contra el PSOE por dejar fuera de la consideración de ‘lobby’ a las organizaciones empresariales. El texto socialista especifica que no serán considerados grupos de interés la CEOE, la Cepyme ni los sindicatos más representativos.
BUSCAN CONTROLAR A LOS DIPUTADOS
Gil Lázaro también ha acusado al PSOE de plantear una iniciativa «profundamente tramposa» porque intenta «colar de rondón» un régimen de infracciones y sanciones general para los diputados. «Las sanciones son necesarias para que las medidas se cumplan», le ha replicado Navalpotro, afeando a todos los diputados de Vox que no hayan detallado datos en sus declaraciones de intereses.
Por su parte, Gil Lázaro ha replicado acusando al PSOE de no perseguir que se aplique el principio de transparencia, sino de pretender «burocratizar» la actividad parlamentaria y «establecer elementos de control, en el peor sentido de la palabra, en la comunicación entre sociedad y Parlamento».
También aprecian interés en controlar a los diputados Cs y el PP, cuyos portavoces han afeado al PSOE que proponga incompatibilidades que van más allá de las previstas para los altos cargos cuando aboga por prohibir formar parte de grupos de interés a quien haya sido miembro de las Cortes Generales o alto cargo del Gobierno de España durante los cuatro años anteriores.
Por contra, ha exigido un texto «aún más ambicioso» respecto a la transparencia la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, quien como Junts ha reclamado que el registro de lobbistas del Congreso se «unifique» con el de otras instituciones.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha dado la bienvenida a la iniciativa, y aunque también ha deslizado algunas críticas, ha aprovechado para exigir que se regule la figura del diputado no adscrito para los parlamentarios que recalan en el Grupo Mixto tras abandonar los partidos en los que fueron elegidos.
