El dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde estaba el pozo en el que cayó y falleció en enero de 2019 el pequeño Julen ha informado de la consignación de la indemnización que debía de varios meses a los padres, con el fin de poder evitar ir a prisión para cumplir la condena impuesta por un delito de homicidio con imprudencia grave por la muerte del niño.
El escrito, remitido este jueves por la defensa de David Serrano al Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, que mantiene suspendida la pena impuesta de un año de prisión, señala que este ha satisfecho ya el importe total de 200 euros, a razón de 50 euros mensuales, que no había abonado desde febrero pasado.
Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. La prisión fue suspendida, por lo que no ha ingresado en la cárcel, aunque este beneficio está condicionado a cuestiones como el pago de la responsabilidad civil, de la que inicialmente abonó 25.000 euros.
Posteriormente, en diciembre pasado, la Fiscalía y la familia de Julen pidieron la revocación del beneficio de la suspensión de la condena y el ingreso en prisión «inmediato» del condenado, al no haber pagado varias mensualidades de la indemnización. Ante eso, la defensa del condenado consignó judicialmente la cantidad de 500 euros por las deudas de su cliente.
En ese momento, el magistrado acordó mantener la suspensión de la pena de prisión, al considerar que lo sucedido «no debe conllevar la revocación del beneficio», aunque advirtió a Serrano de su posible revocación si se producían nuevos impagos de la indemnización que debe pagar a los padres y si no informaba de su situación económica al juzgado.
La pasada semana, el juzgado emitió una resolución, en la que se indicaba que examinada la cuenta de consignaciones, se ha comprobado que el penado había «incumplido» la obligación de abono de la responsabilidad civil desde el mes de febrero, según la información adelantada por el Diario ‘SUR’.
En dicha diligencia de ordenación, se acuerda «iniciar nuevamente el trámite de revocación de la suspensión» y dar traslado a las partes para que se pronuncien al respecto y en el caso del fiscal para que emita un informe. La abogada de los padres ya se ha manifestado, según han apuntado fuentes judiciales, instando a la revocación de la suspensión de la condena.
Por su parte, la defensa del condenado se opone a dicha revocación en el mismo escrito en el que informa de que se ha realizado el pago del importe total de 200 euros. El letrado Antonio Flores, del despacho LawBird Legal Services, que representa a Serrano, ha señalado que han aportado lo que el cliente les traslada y entienden «que debería quedarse aclarado» el asunto.
Con todos los pronunciamientos que emitan las partes personadas en este caso el magistrado deberá tomar una decisión respecto a la continuación o no del trámite para revocar el beneficio de la suspensión del ingreso en prisión de Serrano.
