La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha aplaudido la intención del Gobierno de introducir peajes en todas las autovías del país a partir del año 2024, como respuesta al déficit de 8.000 millones de euros que acumula la conservación de carreteras y al impacto que la circulación tiene en el medio ambiente.
A esta organización se suma también el apoyo que la patronal de las empresas de construcción, Seopan, ha mostrado durante los últimos años a cualquier medida encaminada a introducir peajes para solventar ese elevado déficit, que ha ido engordando progresivamente con la reversión al Estado de varias autopistas.
Asimismo, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) señala que la prioridad es conservar las carreteras, que son un servicio público más, ya sea con peajes, con un incremento presupuestario o con la llamada ‘viñeta’, que es una tasa anual única para todo propietario de un vehículo.
AEC defiende que, a partir de 2009, con los sucesivos recortes en los presupuestos públicos, el patrimonio que acumulan las carreteras españolas, valorando en 215.000 millones de euros, «ha sido abandonado a su suerte». En concreto, los recursos económicos destinados a la carretera se han desplomado casi un 80% en la última década.
A ello se suma el impacto en el medioambiente, que en los últimos diez años asciende, al menos, a 25 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).
«La situación es grave en términos económicos, medioambientales y también de seguridad, y tampoco se prevé que mejore en los próximos años, dada la limitación de los recursos públicos y la necesidad creciente de atender el gasto social (desempleo, pensiones, sanidad o educación)», aseguran desde AEC.
MODELOS DE FINANCIACIÓN
Actualmente, el 82% de la red viaria interurbana de altacapacidad española, la más extensa de la Unión Europea, es gratuita, aunque existe «una gran desigualdad territorial», ya que cuatro comunidades autónomas concentran el 52% de la red de peaje, en contraste con el modelo vigente en Europa, donde 23 tienen tarificado el 100% de su red de gran capacidad.
Desde Seopan insisten en que, independientemente del modelo de financiación, el propietario de la carretera seguirá siendo el Estado, manteniendo así la titularidad pública. El dinero necesario para la construcción puede o bien anotarse desde el principio en las cuentas públicas o adelantarlo la empresa constructora y cobrarlo posteriormente al Estado a través del llamado ‘peaje en la sombra’.
Tras trascender la intención del Gobierno, la Asociación Española de la Carretera ha retomado un modelo que ya ha venido proponiendo desde hace años y que consiste en un ‘bono de movilidad’, que se basa en una circulación libre y gratuita de todos los vehículos hasta un máximo de 10.000 kilómetros para turismos y 50.000 kilómetros para pesados.
A partir de ahí, el peaje ascendería a 3 céntimos y 10 céntimos, respectivamente, en todas las redes viarias, con la posibilidad de modificar variables en función de las necesidades, como horas valle, horas punta, nivel de servicio, emergencias, tipos de vía o necesidades ambientales.
OPOSICIÓN A LA MEDIDA
Por supuesto, la medida también ha cosechado numerosas críticas durante las primeras 24 horas tras conocerse la intención del Gobierno de establecer estos peajes a partir de 2024, sobre todo desde el ámbito político y desde las asociaciones de consumidores.
En este sentido, Facua la ha rechazado argumentando que perjudicará a los usuarios con menor poder adquisitivo y la OCU denuncia que se trataría de un triple gravamen para los ciudadanos que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos, aunque admite «la necesidad de una financiación adecuada del mantenimiento de todas las vías de circulación, pero sin un claro afán recaudatorio».
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) también se ha posicionado en contra aludiendo a esa misma «presión fiscal» que ya tiene la carretera o al impacto negativo en la competitividad de la economía española. La propuesta inicial del Gobierno, no obstante, excluiría a los transportistas del pago del peaje, que sería asumido por los cargadores.
«Lo que es indudable es que vamos hacia un mundo en el que los compromisos crecientes de las legislaciones medioambientales irán haciendo cada vez más necesario establecer tasas más exigentes para aquellos usuarios de un servicio que contamine más de lo necesario. Y debemos acostumbrarnos a ello, porque estarán a la orden del día e irán creciendo según aumenten los compromisos medioambientales de las directivas europeas, en especial todo lo relacionado con el Tratado de París y con el Plan de Descarbonización», concluye el profesor de logística sostenible de OBS Business School, Javier San Martín.
