La Conferencia sobre el Futuro de Europa echará a andar finalmente este domingo, con un año de retraso motivado por la pandemia y por la falta de acuerdo entre Consejo, Comisión Europea y Eurocámara sobre su funcionamiento, con el objetivo de escuchar lo que tienen que decir los ciudadanos sobre cómo quieren que sea la UE aunque con unas conclusiones que no serán vinculantes.
«Es un instrumento que nace con el objetivo de escuchar a la población y conectarla con la política europea», ha sostenido el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE para hablar sobre la conferencia, en la que ha reconocido que aún hay flecos por cerrar.
En su intervención, ha defendido la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de este tipo en el contexto actual que atraviesa la UE, que ha venido encadenando varias crisis en los últimos años y a la que la pandemia situó frente a un «desafío existencial» del que ha logrado salir con el plan de recuperación y con la gestión unificada de la vacunación, entre otras cuestiones.
La conferencia, cuya labor culminará en la primavera de 2022, se vertebrará en torno a una estructura que apuesta por ir de «abajo a arriba» y que pasa por una plataforma digital multilingüe, paneles y un plenario, que funcionarán de forma simultánea y se retroalimentarán entre ellos, ha explicado a diputados y senadores González Barba.
La plataforma digital ya está en marcha y en ella los ciudadanos podrán plantear propuestas y opinar de otras formuladas por otros ciudadanos. Esta herramienta interactiva está disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE lo que facilitará el «debate transnacional» y además el Gobierno español, con colaboración con las comunidades autónomas, se ha acordado un mecanismo para la traducción de las aportaciones hechas en las lenguas cooficiales, ha precisado.
En este aspecto, ha expresado el deseo del Gobierno de dar una «amplia difusión entre la ciudadanía» a la conferencia, apostando por la descentralización de los debates con la celebración de actos y actividades en relación con la misma en toda la geografía española, no solo en las grandes ciudades, para lo que ha pedido la colaboración tanto de las Cortes como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
PANELES DE CIUDADANOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE
Por lo que se refiere a los paneles, está prevista la celebración de al menos cuatro, uno por trimestre, el primero de los cuales tendría lugar en junio, antes de que termine la presidencia de turno que ostenta actualmente Portugal, ha indicado.
Los participantes en dichos paneles serán seleccionados de forma aleatoria por una empresa, buscando garantizar su representatividad con respecto a la ciudadanía europea en términos de paridad, niveles socioeconómicos y aspectos geográficos, con la intención de que al menos el 30 por ciento de ellos sean jóvenes de menos de 30 años, ha precisado el secretario de Estado.
Los elegidos deberán aceptar este compromiso, siendo las instituciones europeas las que correrán con los gastos de sus desplazamiento y logísticos para garantizar su participación, si bien González-Barba no ha descartado que también los Gobiernos nacionales tengan que asumir una parte de dicho coste.
Está previsto que los paneles tengan lugar en Estrasburgo (Francia), donde tiene su sede el Parlamento Europeo, así como en las dos sedes del Colegio Europeo –en Brujas (Bélgica) y Nantolin (Polonia)– y en la del Instituto Universitario Europeo, en Florencia (Italia). De ellos saldrán una serie de recomendaciones que se trasladarán al pleno.
Tanto en este caso, como en el del pleno, aún están por ultimar los detalles respecto a su composición y funcionamiento. «Se trata de un mecanismo de democracia participativa totalmente innovador que nunca ha tenido lugar a escala europea», ha incidido el secretario de Estado.
COMPOSICIÓN DEL PLENO
Precisamente la composición del pleno ha sido una de las que más debates ha generado y aún no está cerrada, según ha reconocido, si bien ha confiado en que pueda hacerse antes de este domingo, cuando tendrá lugar en Estrasburgo la ceremonia inaugural de la conferencia.
No obstante, ha adelantado que los representantes de los parlamentos nacionales y de la Eurocámara serán la delegación más numerosa del pleno, que contará con unos 400 representantes de las distintas instituciones, así como de Bussiness Europe y de la Asociación Europea Sindical, además de ciudadanos que participen en los paneles.
Así, ha indicado que la previsión es que haya 108 representantes de la Eurocámara y otros 108 de los parlamentos nacionales. Según ha dicho, el Consejo, que tendrá 27 representantes, uno por estado miembro, finalmente habría accedido a este nivel de representación parlamentaria para garantizar el «equilibrio» respecto a los parlamentos nacionales, en general bicamerales, y el que pudiera haber por cada uno dos representes, uno de ellos de la oposición.
Otro de los aspectos que más disputas ha generado es quién elabora las conclusiones finales que se harán llegar a la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara. En este sentido, finalmente se ha optado por que sea el consejo ejecutivo de la conferencia –compuesto a partes iguales por representantes de las tres instituciones– el que las elabore «en concertación con el pleno» y las recoja en un informe, ha señalado González Barba.
LAS RECOMENDACIONES NO SERÁN VINCULANTES
Las recomendaciones no serán vinculantes pero las tres instituciones se han comprometido a darlas seguimiento, lo que podría dar lugar a «cambios tangibles» antes de las siguientes elecciones europeas en 2024, ha resaltado, animando nuevamente a la mayor participación posible en todo el proceso.
En este sentido, ante el malestar expresado por algunos portavoces por el hecho de que las conclusiones no vayan a ser vinculantes, como inicialmente se había planteado, el secretario de Estado ha incidido en que la estructura de la conferencia podría llegar para quedarse, como ya ocurrió en su momento con la fórmula de la convención. «A lo mejor nos gusta tanto que decidimos que lo repitamos cada década», ha subrayado.
Por lo que se refiere al hecho de que a priori no se prevea plantear una reforma de los tratados, González-Barba ha recordado que este ámbito son los estados miembro y sus parlamentos nacionales los que «tienen la voz cantante», ya que estos últimos son los que deben ratificar cualquier eventual cambio.
A este respecto, ha destacado que tanto en el Consejo como en la Eurocámara «hay una mayoría que no son favorables a llevar a cabo reformas de los tratados».
Por lo que se refiere al Gobierno español, ha precisado que figura entre los que están «abiertos» a reformas «si gozan del necesario consenso y sirven para reforzar el proyecto europeo» y se encaminan hacia «más Europa«, pero también hay otros, ha incidido, en que «quieren reformar pero para recuperar competencias.
